INTRODUCCIÓN
Precisiones terminológicas
Parece propicio para afrontar el tema de esta noche comenzar con alguna precisión terminológica, porque las palabras dicen más por lo que ocultan que por lo que expresan. Así, para designar al actual esquema de organización económica, sus agentes defensores y aún sus críticos, se refieren a él como globalización o economía globalizada; tal categoría sugiere una suerte de universalidad y exterioridad que la desvincula de toda decisión conciente y voluntaria de hacer del mundo lo que hoy es, la globalización sería un fenómeno fatal y necesario en el que participamos todos como consecuencia de la historia misma de la evolución tecnológica, tan natural como la primavera y ajena a lo político y a su objeto, el poder, comprendido como facultad de alguien o de algunos de transformar su voluntad en acto para deliberadamente imponer a otros, en el curso del proceso histórico, su particular perspectiva o visión de lo que debe ser la organización política y económica de la sociedad.
Por eso, por lo que la categoría de globalización oculta, no dice, es que prefiero el término neoliberalismo, paradigma o pensamiento neoliberal, porque éste sí devela a priori su condición de perspectiva particular, su no universalidad, en fin, su carácter eminentemente ideológico, y en este sentido se denuncia como una voluntad de poder y verdad, patrimonio de una cierta y muy definida comunidad científica y política, con determinaciones materiales y de clase que lo califican y distinguen históricamente. Precisamente entonces por este carácter los grupos neoliberales rechazan para sí mismos tal calificación, y prefieren resguardar su visión político-económica tras el velo de aparente neutralidad de la categoría globalización, que ellos mismos han creado y difunden.
Liberados pues de áridas disquisiciones semánticas, podemos afirmar ya que el neoliberalismo es una ideología, que a salvo del fallecimiento apresurado que él mismo decreta para otras perspectivas de pensamiento, analizada más de cerca, cumple con todos los presupuestos de este fenómeno de la sociología del conocimiento: su primera característica es que se niega a sí mismo como tal, y se identifica con la razón científica y la verdad, pegando de tal suerte un salto que no se preocupa en justificar epistemológicamente, del campo del deber ser al campo del ser, desde lo normativo a lo descriptivo, así el mundo no es lo que yo decido que sea, sino que simplemente es lo que yo digo que es; segundo, porque se niega como perspectiva particular e histórica, e identifica sus supuestos y sus inferencias con la verdad, con el curso natural de las condiciones universales de la razón, decreta también como consecuencia necesaria, el fin de la evolución histórica más allá de sí mismo, nada suena más lógico, si significa el punto de encuentro con la verdad, o su corpus teórico es la constitución de la verdad misma, la historia como búsqueda de verdades y camino de perfeccionamiento pierde significado, aparece entonces como la corporización del más alto, perfecto y definitivo estadio de la evolución humana, con él se abroga lógicamente la noción misma de evolución y de progreso; tercero, perdido todo particularismo, toda adscripción histórica y predicándose a sí mismo como razón universal, su voluntad de verdad y de poder se torna necesariamente hegemónica, y resulta bueno que se imponga, pero ya no en nombre de un específico conjunto de intereses clasistas, sino encubierto por el nombre más venerable de la verdad, de la razón y de la ciencia.
El marxismo, postulaba de sí mismo iguales características.
Contexto histórico
Definida la naturaleza del neoliberalismo como ideológica, e intentando explicar los supuestos que le constituyen, parece razonable apelar al estudio de su génesis intelectual e histórica, para descubrir en su desarrollo cómo se fue entretejiendo y ampliando esta red teórica que hoy parece comprometer los aspectos más diversos de la cultura humana.
La crisis de 1930 plantea al corpus teórico y a los instrumentos de análisis y de gestión económica del paradigma neoclásico –sólidamente asentado en la tradición científica desde 1870- y eficiente discurso legitimador de las prácticas políticas del imperialismo victoriano y austríaco, contradicciones que desafiando de manera inusual, el supuesto equilibrio general del sistema capitalista, lo empujarían a una crisis depresiva de proporciones mundiales, colocándolo al borde de un virtual quiebre económico y político.
Se trataba de un fenómeno complejo en sus causas, pero de naturaleza endógena a la estructura y desempeño del propio sistema, que como era de esperar debía ser corregido por las recetas y prescripciones del paradigma intelectual dominante. Pero significativamente, la ortodoxia económica adormecida quizás en las autocomplacencias de una larga hegemonía, atinó a nada o a muy poco, y aferrada a sus dogmas, concluyó que la depresión constituía un ciclo coyuntural ante el que nada cabía hacer, salvo esperar, confiados en que las tendencias autorregulatorias de los mercados lo revirtieran, imputando por la duración del ciclo a la pertinaz resistencia de los trabajadores a no aceptar salarios más bajos, compatibles con la productividad marginal del trabajo y con las expectativas de rentabilidad de la inversión, todo esto, a pesar de la incontrastable evidencia del paro masivo, de la deflación de precios y de la brusca desaceleración de la actividad económica.
Según parece, los maestros neoclásicos no encontraban otra explicación en sus manuales para la crisis, que no fuera que en un marco supuestamente tan competitivo, la clase obrera había sufrido un ataque de ociosidad y en consecuencia el paro era voluntario.
La ortodoxia había fracasado, la salvación del capitalismo vendría de la mano de la herejía intelectual keynesiana que a partir de un singular diagnóstico acerca del funcionamiento del sistema en términos reales y no supuestos, concluiría ante las evidencias, afirmando la insuficiencia del mercado para revertir el ciclo recesivo, y postulando ardientemente la activa intervención del Estado para recuperar el nivel de actividad y de inversión compatible con el pleno empleo.
La cuestión es que la recesión terminó por ser derrotada, por el monumental gasto público de la Segunda Guerra Mundial, prueba empírica de los análisis keynesianos, y de la que emergió una suerte de capitalismo asistido, altamente productivo, que aceptaba la intervención macroeconómica del Estado para morigerar los ciclos económicos, que la propia economía de mercado provocaba y no lograba por sí misma controlar.
Escandalizados por la negación de las Sagradas Escrituras, y con las filas de fieles bastante diezmadas por el desprestigio, la ortodoxia buscó la reclusión en algunos conventos académicos, tales como la Universidad de Chicago y la Universidad de Viena, pero no para agonizar o morir, sino para iniciar una solitaria tarea de reconstrucción intelectual y política que les llevaría alrededor de treinta años.
Sitiados por el control casi hegemónico de las academias y de la gestión económica concreta, impuesta por los keynesianos –realidad que le hacía decir en 1970 al conservador Presidente Nixon “hoy somos todos keynesianos”- algunos viejos maestros de la segunda generación neoclásica, con un relativamente pequeño grupo de notables discípulos, liberados de los compromisos, condicionamientos y desgastes que produce la dirección de los negocios públicos, encontraron sin duda un ámbito de serenidad intelectual que los confirmaría en su fe y les permitiría no sólo afrontar la travesía por el desierto que les imponían las circunstancias, sino también generar un espíritu de secta que minoritaria y defensiva encuentra en la radicalización de la pureza del precepto, la razón misma de su supervivencia.
A qué resultados conduciría esta actitud a la vez titánica y obstinada?, creemos que a los siguientes:
a) A un refinamiento de los supuestos lógicos y económicos de sus precedentes intelectuales clásicos y neoclásicos.
b) Tales refinamientos produjeron la exclusión de algunos principios, la consolidación argumentativa de otros, y la sustracción de la base empírica de un tercer grupo, transformados de supuestos más o menos reales, a puros aprioris lógicos.
c) Esta tarea de purificación otorgó en apariencia a los análisis neoliberales, mayor consistencia en su lógica interna, puso a salvo sus principios de algún grado de contratación empírica en la instancia del marco teórico, y aumentó el nivel de abstracción y universalidad explicativa de la teoría.
d) La transformación operada en los contenidos también se tradujo al método de análisis económico, rehabilitándose a la perspectiva microeconómica, que ampliada, se convierte en instrumento de análisis de cualquier fenómeno posible. Tan radical ampliación metodológica conllevaba varias ventajas: presentaba una alternativa científica frente a la odiada macroeconomía keynesiana, evitaba sus engorrosas series estadísticas, superaba las tendencias macroeconómicas de los economistas clásicos ingleses, y fundamentalmente reforzaba la coherencia de la teoría, porque se hacía coincidir la simplicidad lógica y el individualismo ontológico que caracterizan al cuerpo teórico, con un instrumental analítico igualmente simplificado e individualista.
El neoliberalismo se definía así como una macroteoría capaz de someter a sus principios, a los campos más diversos de la acción humana, tales como: el derecho, la política, la familia, la sociología, la ecología, la educación, la corrupción administrativa o la virtud.
La transformación teórica reseñada se lleva a cabo esencialmente en la década de 1950, en la que aparecen las obras fundamentales de los economistas neoliberales; entre esta década y principios del '60 cobran personalidad propia la escuela neoliberal de Viena de la segunda y tercera generación, en la que se distinguen Ludwig Von Mises y F. Von Hayek y también las escuelas neoliberales norteamericanas, tales como: el monetarismo representado por Milton Friedman; la teoría del capital humano, creada por Gary Becker y Teodore Shulths; la escuela de los derechos de propiedad, propiciada por Ronald Coase, Douglas North y Svetosar Pejovich; y la escuela de la elección pública cuyos fundadores fueron James Buchanan y Gordon Tullock.
Todas ellas, aún desde distintos espacios empíricos de reflexión, se identifican en el conjunto de supuestos que ordenan sus investigaciones, constituyendo en consecuencia un campo unificado que deriva en conclusiones análogas, por lo que es posible presentar una exposición unificada de sus principios.
Así las cosas, y luego de un largo purgatorio, los teóricos neoliberales tenían el arsenal preparado para un nuevo asalto a la razón y al poder, lo que en términos de lucha ideológica es más o menos lo mismo.
Hacia 1970 el modelo keynesiano empieza a dar muestras de agotamiento, implantador del Estado de Bienestar y artífice de las mayores tasas de desarrollo económico del siglo veinte, con una creciente participación del trabajo asalariado en el ingreso total, o sea, con un franco éxito en el mejoramiento del bienestar humano, provoca sin embargo como reacción, una suerte de hartazgo político de la opulencia, una cierta insatisfacción y apatía hacia su modelo de desarrollo económico y social empieza a ganar a los sectores más jóvenes de la burguesía satisfecha, que enarbolando reivindicaciones de democratización educativa –caso europeo y norteamericano- termina cuestionando la legitimidad global del sistema político y propiciando su transformación radical por la vía revolucionaria –caso latinoamericano-.
A este clima subjetivo se le sumaría como efecto detonante en 1973 la decisión de la OPEP de duplicar el precio del barril de crudo, insumo esencial para sostener la alta tasa de producción de los países desarrollados, el efecto inmediato no se hizo esperar y los países importadores comienzan a sufrir una inflación de costos que unida al volumen de gastos e inversión pública, y a una laxa política monetaria –mecanismos incentivadores esenciales en la estrategia keynesiana- provocan tensiones alcistas en los precios, caída en los ingresos fijos, hacen patente la composición y volumen del gasto público en el presupuesto y trasladan sus efectos a la periferia como un deterioro en los términos de intercambio. La confluencia de estos factores se traducen en términos de economía global en estancamiento con inflación, distorsión ajena a la capacidad de respuesta del paradigma keynesiano, porque en su esquema originario de análisis la stangflacion constituía una contradicción en sus términos, veamos por qué: al concebir el keynesianismo la inflación, no como un fenómeno monetario sino básicamente estructural, o sea ligado al sector real de la economía, si se produce es síntoma de que la oferta efectiva se muestra rígida e incapaz de igualar al aumento de la demanda efectiva, por la existencia de algún cuello de botella en el sector productivo que impide la plena utilización de la capacidad instalada y de los factores de producción, pero precisamente por eso, superado el estrangulamiento, la oferta podrá reaccionar aumentando la producción y restaurando el equilibrio del sistema de precios. En esta concepción entonces, las tensiones inflacionarias se conciben como síntomas de un ciclo expansivo de la economía, a contrario sensu un período de estancamiento, sólo es compatible con un proceso deflacionario en los precios.
La reacción neoliberal no se hizo esperar y restaurando la vieja teoría cuantitativa del dinero, con adecuado maquillaje técnico, inició una fuerte ofensiva que atacaba la supuesta ineptitud del burocrático Estado de Bienestar para frenar la desaceleración del crecimiento y el desequilibrio del sistema de precios, apelando a una explicación atractivamente simple: la causa inmediata de la stangflacion, no se debía tanto al encarecimiento de un insumo, sino básicamente a la incapacidad de la economía para ajustar sus costos a la nueva situación, y esta incapacidad era causada por la irresponsable expansión de la base monetaria y de sus sustitutos, por acción del propio Estado que a través de este mecanismo sufragaba su déficit fiscal, producto de una masiva y paralizante intervención en el mercado. Esto impedía que los precios se ajustaran y se restableciera el equilibrio entre oferta y demanda, la solución derivaba obvia: había que recuperar el tino y ejerciendo una fuerte y decidida ortodoxia fiscal y monetaria, secar la plaza para inducir una deflación; retirar al Estado de actividades improductivas y equilibrar su presupuesto para impedir el financiamiento del déficit mediante emisión o por la participación del Estado como un demandante en el mercado de dinero, lo que tornaba la tasa de interés inflexible a la baja, manteniéndola artificialmente alta; restablecidos sus niveles normales, se alentaría la inversión privada productiva y se recuperaría el ritmo de crecimiento, pero con equilibrio y en el contexto de una economía con moneda sana. En su caso al Estado sólo le correspondería planear una emisión compatible con el ritmo de crecimiento de la economía.
Pero observada más de cerca esta estrategia de estabilización, tan aparentemente neutral y secamente técnica, contiene en sus argumentos un conjunto de supuestos que no remiten solamente a la solución de una distorsión específica como la inflación, sino que implican a la totalidad de la concepción neoliberal de la organización económica, y a su modo de gestión. No podía ser de otra manera, toda ideología pone en juego, en cada uno de sus capítulos, por cuestiones de articulación y coherencia interna, a su propia totalidad; que involucra no sólo a su cuerpo teórico sino también a sus prácticas, porque siendo una voluntad de poder debe entenderse como una pretensión hegemónica.
Así, a partir de un hecho histórico concreto comenzó a difundirse y a cobrar influencia en el universo político, conquistando adeptos entre sus agentes, superando aquel enclaustramiento intelectual con la asunción de Ronald Reagan en los Estados Unidos y de Margaret Thatcher en Inglaterra. Casi contemporáneamente a la conquista de estos espacios de poder, las tesis neoliberales recibían un espaldarazo intelectual cuando el comité nobel concedía el galardón a varios de sus más distinguidos teóricos, y sus ideas se difundían mundialmente, polucionando a las clases dirigentes tanto del mundo desarrollado como de la periferia.
Bueno es recordar que en este proceso, los argentinos podemos considerarnos adelantados, el mismo año en que era galardonado con el nobel de economía Milton Friedman, jefe indiscutido de los monetaristas, el ministro de economía de la dictadura, Dr. José Alfredo Martínez de Hoz, ponía en marcha la aplicación de un plan de estabilización y desregulación de la economía argentina fundado en las tesis monetaristas, discurso que logró infiltrar en su espíritu a toda la gestión política y social de la época.
Los Supuestos Filosóficos
Delimitado el carácter de la ideología neoliberal y su contexto histórico, podemos ahora dirigir nuestra atención a la enunciación y análisis de sus supuestos filosóficos, epistemológicos y específicamente económicos para determinar tanto sus articulaciones internas –en términos de estructura lógica- cuanto sus inferencias como resultado necesario y fatal de tal estructura.
Individualismo Ontológico
En este orden de ideas, el pensamiento neoliberal constituye un individualismo ontológico radical que presentado como puro apriori lógico, en realidad esconde una concepción antropológica y social sustancial que es la siguiente: el individuo es la única realidad evidente y tangible, soporte y agente voluntario de toda acción, posee una densidad ontológica irreductible incompatible con otra realidad que la contenga, la condicione o transforme. Si esto es así, lo social se convierte en una arbitrariedad de la razón porque carece de existencia propia, en el mejor de los casos es un epifenómeno de lo individual, una realidad segunda que es la suma de sus partes, pero que no transforma o condiciona por sustancialidad propia, la posición y función de los individuos que la conforman. Si la sociedad es negada como objeto, las nociones de clase y de grupo, de pertenencia o de identidad, constituyen abstracciones intelectuales sin correspondencia empírica y sin disciplina autónoma en la cual se inserten, porque afirmar tan fuertemente la existencia del sujeto como única realidad verificable, implica la negación por imposibilidad lógica y científica de la sociología como saber autónomo, la que es reemplazada en el contexto teórico neoliberal por una psicología social conductista que da cuenta del individuo sólo en la medida en que le reduce o acota en los categoremáticos de racionalidad, acto voluntario, elección conciente, optimizador de recursos y satisfacciones, oferente o demandante. Concebido, esencialmente como sujeto deseante y voluntariamente adquisitivo, esta psicología social se circunscribiría a una psicología de los actos concientes, que implica la negación teórica de todo el campo de la psicología profunda.
Semejantes extremos, podrían hacer dudar sobre la objetividad de la descripción que se intenta, sin embargo Ludwig Von Mises en su monumental obra “La Acción Humana” dedica las primeras trescientas páginas para justificar la pertinencia de una teoría general de la acción humana individual y voluntaria que él llama Praxeología, que tendría por función no sólo interpretar la conducta específicamente económica del sujeto, sino también a partir de esta conducta axiomatizada, constituirse como una macroteoría capaz de dar cuenta de toda la realidad humana, sin cortapisas o limitaciones de perspectiva.
Lo Político
Si es posible predicar del comportamiento económico individual a todo el hombre, si esta perspectiva explicativa puede dar cuenta de todas sus acciones, también es posible hacer desaparecer su dimensión política, hacer caducar su dimensión de ciudadano, tan cara y prioritaria a los análisis clásicos, en la medida en que ésta como dignidad y razón de pertenencia al cuerpo político, a la sociedad civil -desde Aristóteles y con el racionalismo iluminista del Siglo XVIII- no sólo pone en claro la condición social del sujeto sino que al mismo tiempo lo presenta como creador de las condiciones sociales de su existencia. Priorizar su status político rompe la fatal serialidad de la especie y postula la capacidad de lo humano para crear y establecer condiciones de convivencia e instituciones, que enteramente nuevas y sometidas a su voluntad lo liberen de toda legalidad metahistórica; que sólo restringido al mínimo de su condición biológica y prioritariamente libre pueda imaginar métodos o sistemas de convivencia que afirmen su señorío sobre la totalidad de la vida, inclusive en lo económico.
De tal forma la función de lo político reduce la dimensión adaptativa y subordinada de lo humano a legalidades externas y profundiza su dimensión transformadora, que no sólo lo confirma como tal, sino que lo hace fuente legitimadora de todo imperio y legalidad.
El supuesto neoliberal es enteramente opuesto, la condición de existencia del sujeto no es otorgada por la ciudadanía o es fundadora de ésta, sino por su condición de agente del mercado, la voluntad política antes legitimadora privilegiada del poder y del Estado, del proceso histórico mismo, se transforma en coadyuvante pasiva de la libertad económica y de los mecanismos autosuficientes y universales de la economía de mercado. La política abandona su capacidad creadora y modeladora de la vida social y se convierte en discurso justificador de las reglas del sistema económico, una suerte de amortiguador verbal de la dureza de sus preceptos, y en última instancia en verdadero rehén de sus mandatos e intereses. En este sentido el rango de legitimidades se invierte, diluida la concepción clásica de lo político hasta su virtual extinción, y cancelada su soberanía, deja de ser fuente de legitimidad del proceso económico y de la naturaleza y efectos de sus instituciones, es entonces precisamente la economía de mercado la que debe y puede –en opinión de la Escuela de la Elección Pública- mediante sus principios e instrumentos controlar la eficacia y legitimidad de las decisiones políticas, juzgando como negativas a aquellas que no optimicen las ecuaciones de costo-beneficio de la microeconomía, elaborándose así una teoría general de la elección pública que permitiría verificar en un mismo modelo los comportamientos económicos y políticos según las técnicas de la economía de mercado, en tanto “un voto es igual a una acción”.
La función del Derecho
Los teóricos neoliberales de la Escuela de los Derechos de Propiedad, eligen como espacio reflexivo a la investigación histórica para cuestionar y revisar las causas de la evolución humana, los fundamentos mismos de sus progresos y transformaciones. En este intento llegan a la conclusión que en la historia occidental su fase más dinámica y positiva, en términos de progreso material y social, que ellos identifican en principio con el advenimiento de las formas capitalistas de producción, no sería consecuencia del inicio de la revolución industrial propiamente dicha, impulsada por la innovación tecnológica, sino producto de un proceso de lenta gestación que desde el feudalismo fue creando un sistema de instituciones políticas y jurídicas que permitieron la definición y consolidación de derechos de propiedad exclusivos, que alentaron consecuentemente la expansión de las motivaciones individuales y la orientación de los capitales hacia actividades más rentables y útiles.
En contradicción con Rousseau, creen que el acto civilizatorio por excelencia se produjo cuando el primer hombre alambró una parcela, sometiéndola a su exclusivo señorío. Este acto jurídico originario, creador de derecho, no sólo provocó una mutación esencial del régimen de propiedad que pasó de colectiva a privada, sino que dio con el fundamento esencial para un proceso de crecimiento económico sólido y eficiente, en tanto sólo la propiedad privada de los recursos, y la apropiación privada de sus frutos puede alentar el esfuerzo personal, porque los beneficios se tornan proporcionales a la libre iniciativa, y porque la supresión de la incertidumbre sobre el destino final de los productos del esfuerzo, genera un más eficiente cálculo económico en términos de asignación de recursos.
Si el presupuesto medular del desarrollo económico es la propiedad privada, porque significa la motivación por excelencia de la acción humana, entonces la función del derecho deja de ser la protección de la libertad globalmente considerada, la amortiguación de las desigualdades sociales, la resolución de los conflictos en el seno de la vida social en orden al reconocimiento previo de un conjunto de derechos individuales y colectivos distintos de la propiedad privada, para transformarse, según las expresiones del neoliberalismo, en una técnica de regulación de las conductas cuya única finalidad es la de contribuir a la determinación y protección de derechos de propiedad precisos, exclusivos y de libre transferencia.
En este contexto ideológico el derecho como saber y como práctica, pierde autonomía, para convertirse en un instrumento de los que negocian –oferentes y demandantes- que priorice la fluidez y seguridad de las transacciones, por la delimitación jurídica de la propiedad, y contribuya al aumento de la acumulación de capital en manos de los agentes económicos, al reducir la incertidumbre y los costos de transacción de la economía.
La Libertad
El análisis que venimos realizando nos lleva a considerar ahora el rol concreto, asignado por la concepción neoliberal al interior de su cuerpo teórico de dos supuestos vertebrales: la libertad individual y el problema de la igualdad humana.
En relación al primero, su postulación genérica como fundamento apriori de la condición humana y causa final de la labor teórica neoliberal, no parece corresponderse con la posición real de la libertad en relación a la sostenida soberanía de la economía frente a lo político, a lo jurídico y en su visión del hombre.
Si la antropología neoliberal recorta al sujeto como agente optimizador, que sistemáticamente calcula beneficios y costos, elige entre fines y medios, y en definitiva lo reduce al sesgo mercantil de su acción, tales objetivos limitan conceptualmente al presupuesto, porque aquella libertad genérica se califica, y se reduce a libertad económica, a libertad para el mercado, en libertad para la única relación social posible en el neoliberalismo: el intercambio entre oferentes y demandantes, en definitiva, una libertad puesta al servicio de la propiedad privada de los bienes de producción, y de la apropiación privada de la riqueza.
Este estrechamiento radical de la categoría de libertad a su manifestación económica, simula por su presentación abstracta en el discurso ideológico, ser una única libertad en todos los territorios a los que el discurso se difunde, sin embargo vuelve a repetirse la inversión que ya analizábamos entre lo económico y lo político, y entre el liberalismo clásico y el neoliberalismo.
En aquél la libertad es primigeniamente política, es la libertad del ciudadano frente al poder del Estado absoluto, es la libertad como razón del régimen democrático, como poder para modificar por imperio de la voluntad general el modo de organización política, y con él, las formas de apropiación y distribución de la riqueza social, es libertad de conciencia para resistir cualquier adaptación compulsiva a legalidades sociales ajenas a la decisión del cuerpo electoral.
En los clásicos, la libertad económica es una manifestación necesaria, pero al mismo tiempo una destilación parcial, secundaria y dependiente de la libertad política, en ellos la libertad política es el género y la libertad económica la especie. Esta relación se manifiesta en los textos legales del constitucionalismo clásico, donde el soporte de los derechos es el sujeto en su dimensión netamente política, esto es, como ciudadano, y su libertad política es el punto al que remiten todos los demás derechos y garantías, incluidos los derechos y garantías económicas.
Con el constitucionalismo social, la dimensión política de la libertad se amplía, ya no sólo es reconocido como sujeto de derecho, el ciudadano, sino que además aparece la comunidad o los grupos como titulares. La libertad política alcanza aquí una dimensión colectiva, que en algunos casos –el de los derechos políticos- generalmente refuerza las prerrogativas individuales, pero precisamente cuando de libertades económicas individuales se trata, esas prerrogativas colectivas tienden a restringir aquéllas, en beneficio de la sociedad civil.
De todo esto, poco o nada dice el neoliberalismo, porque aunque explícitamente contrario a toda forma de regulación, expedirse en contra de prescripciones constitucionales le significaría ponerse demasiado en evidencia, y provocar una fractura teórica difícilmente salvable con la tradición liberal clásica tan ligada al constitucionalismo. Aquí prefiere la vía pragmática de los hechos y de los universos kafkianos de la legalidad, veamos cómo: extrañamente el imperio económico y político del neoliberalismo convive con textos constitucionales o contemporáneos procesos de reforma que postulan y concretan progresistas cláusulas de reconocimiento de derechos sociales, que van desde el derecho a la vivienda a la institucionalización jurídica de la felicidad; el problema comienza cuando algún ciudadano o grupo de ciudadanos pretende con ingenuidad, ejercer en forma concreta esos derechos sociales tan pomposamente declarados, y apela a la jurisdicción judicial para obtener su reconocimiento, allí se encuentra o que el acceso a la jurisdicción le es negado por insuficiencias procesales, o se dan con la sutil y ya tradicional distinción en la doctrina constitucional, entre cláusulas constitucionales operativas y cláusulas declarativas, las primeras cuentan con ejecutividad directa, de modo tal que si no existe procedimiento reglado los jueces están obligados a crearlo, y en las segundas su operatividad depende del dictado de normas reglamentarias, el problema es que las operativas se identifican con aquellas que protegen derechos económicos individuales, esencialmente ligados a la propiedad privada o a la libertad de empresa, mientras que las segundas se vinculan a los derechos sociales o con relación a los asalariados.
Por si fuera poco y a los titulares del capital no les alcanzara con las facilidades apuntadas, siempre está disponible en el modelo “democrático” neoliberal la eficiencia del Poder Ejecutivo para dictar decretos de necesidad y urgencia, cuyo contenido casi siempre se vincula con la disminución de los costos empresarios o con la elevación de sus tasas de ganancias.
La Igualdad
Con respecto a la igualdad, la teorización neoliberal la considera un apriori donde su atribución abstracta vale como su realización concreta. El individuo privado de sus categoremáticos reales de ciudadano, obrero, capitalista, rentista, desocupado, pobre o rico; despojado de sus condicionamientos históricos o de clase, resulta tan universal o abstracto como la categoría de número y en consecuencia igual a otro sujeto de la misma serie. En tal grado de abstracción y desnudez, el reconocimiento jurídico de la igualdad se esteriliza en su potencial capacidad de corrección de las desigualdades concretas si éstas fueran reconocidas empíricamente, pero privado el sujeto de su historicidad y condición social, se pone a salvo al supuesto teórico de cualquier contrastación al interior de la teoría.
Lo que ocurre es que tales procedimientos de incorporación lógica del concepto, parecen la única posibilidad a la que puede echar mano el paradigma neoliberal para hacer convivir en su cuerpo teórico, sin contradicción aparente, a la libertad individual –o lo que es lo mismo a la libre apropiación privada de la riqueza social, a la libertad de empresa, a la libertad de mercado- con la igualdad o con la igualdad de oportunidades –como gustan en definirla-. Porque les resultaría imposible articularlas a niveles más concretos de la vida material, allí se develaría la esencial contradicción entre ambas categorías, lo que obligaría a los teóricos neoliberales a optar por la preeminencia de una u otra. Si tomaran partido por la primera, tendrían que aceptar la evidencia de una organización social jerárquica y estamentaria, compatible con una gestión autoritaria del poder; si optaran por la segunda tendrían que aceptar la limitación de la libertad individual, o lo que es lo mismo, de las libertades económicas a favor del amortiguamiento de las desigualdades, lo que en definitiva equivaldría a renunciar a la supervivencia lógica y política de la propia ideología.
El Contrato
Tales concepciones sobre el sujeto, la libertad y la igualdad, la reducción funcional del derecho –que ya adelantáramos- se completa con la consolidación y supremacía del instituto jurídico del contrato en su manifestación individual, por sobre toda otra institución de regulación del tráfico jurídico que implique de algún modo limitación a la autonomía de la voluntad. Así, el neoliberalismo postula un explícito debilitamiento de la ley como fuente obligacional autónoma de las relaciones civiles, que consecuentemente pretenden ser fusionadas con las específicamente comerciales, no es extraña entonces la tendencia doctrinaria y legislativa de unificar en un solo cuerpo legislativo ambos sistemas, en los que aparecerá sin dudas, y en una buena lectura, la preeminencia de los principios mercantiles por sobre los del derecho común, y la hegemonía de las convenciones de partes como pauta de ejecución o de resarcimiento. No otra razón motiva a las fuertes presiones ejercidas por los organismos internacionales de crédito sobre los países subdesarrollados de tradición jurídica europea y latina, para que renuncien a ella y adopten en su legislación procesal y de fondo los principios e instituciones de la tradición anglosajona, mejor dicho, sólo aquellas instituciones y principios jurídicos que en el espacio económico de la periferia, facilite la movilidad de los capitales transnacionales, su aplicación especulativa y las inversiones libres de riesgo. Para lograr estas adecuaciones legales, ofrecen créditos a tasa de excepción o subsidios no reintegrables.
Pero si esta instrumentalización económica del derecho interno, no se ajustara del todo a los postulados de la libertad económica, también intentan conformar normas internacionales y sus respectivos tribunales, para mediante una prórroga de jurisdicción pactada, que en realidad esconde una renuncia lisa y llana a la jurisdicción, se pueda burlar la debilitada soberanía de los estados –categoría politológica que la razón del capitalismo neoliberal descalifica por anacrónica-.
Los Supuestos epistemológicos
Bajo el imperio de los principios reseñados, la posición de la disciplina económica en el contexto de las ciencias sociales, cambia fundamentalmente, pero también promueve una nueva forma de concebir al conocimiento social en sí mismo. Ya no se trata de legitimar la autonomía metodológica de la economía como saber –humilde pretensión de la tradición clásica- ni siquiera de la conformación de una macro teoría social nutrida por los aportes interdisciplinarios de todas las ciencias humanas, sino lisa y llanamente la constitución de una razón económica totalizadora, que se impone al negar la posibilidad de existencia científica de discursos como la sociología, la politología, la psicología profunda; reduciendo el campo de otros a meros instrumentos de sí misma, como el derecho o la psicología social; o directamente rescribiendo sus contenidos como es el caso de la historia.
Así aparece un nuevo saber omniabarcador que ya no pretende confinarse en la explicación de los procesos de producción y distribución de bienes y servicios y de la administración racional de recursos escasos, sino que asigna para sí la capacidad de convertirse en una teoría general del comportamiento y la elección humana a secas.
Esta ampliación descomunal hacia fuera de su campo de análisis originario se corresponde con una contracción de su patrimonio teórico hacia dentro, que limita sus instrumentos analíticos y sus supuestos a los contenidos de la teoría microeconómica. De tal forma la teoría de los precios, de la empresa, y de los mercados convenientemente generalizadas darían respuesta a cualquier aspecto de la realidad humana. Esta renovada microeconomía axiomatizada por vía lógica –en la versión austríaca- o por vía matemática –en la versión norteamericana- toma el nombre de nueva macroeconomía clásica, cumpliendo tal denominación dos objetivos:
a) Conservar aparente fidelidad a sus precedentes históricos-científicos.
b) Desplazar del campo disciplinar a la teoría macroeconómica originaria, de indudable raigambre keynesiana, provocando una unificación del campo teórico en la medida que abandona lisa y llanamente los temas de reflexión típicamente keynesianos tales como: distribución del ingreso, desarrollo económico, nivel de ocupación, influencia de las expectativas, políticas anticíclicas, análisis estructural de la inflación, etc., a favor del análisis microeconómico ampliado que ahora aplica sus métodos y perspectivas no sólo a los agentes individuales, sino también a las magnitudes globales de una economía nacional y a otros campos de la cultura.
Esta metodología resulta del todo coherente con su concepción individualista y negadora de lo colectivo, puesto que para ella las magnitudes globales son el resultado agregado del comportamiento económico individual de familias y empresas, no de otra parte surge la repetida ocurrencia de asimilar las virtudes ahorrativas de las buenas madres de familia, con las capacidades técnicas exigibles a un eficiente ministro de economía.
Se podrá discutir que la última consideración es un exceso, porque los diarios o el discurso económico dominante están plagados de menciones a la evolución del producto, del ingreso, de la inversión, del gasto, del consumo, del índice inflacionario o de la tasa de desocupación. Esto sin embargo nada quiere decir, porque en ese discurso las nociones macroeconómicas funcionan como meros datos estadísticos cuantitativos, mientras que si se integraran en la perspectiva de un análisis macroeconómico típico, tales categorías y sus articulaciones denunciarían fenómenos cualitativos, y provocarían respuestas de política económica.
Ampliado el campo de actuación teórica, definido su método y su instrumental analítico, la economía neoliberal implícitamente reclama para sí el status epistemológico de la física clásica, en virtud de que se considera dotada de análoga consistencia lógica en el desarrollo de sus inferencias y de similar rigor y capacidad predictiva en sus regularidades legales.
Tales concepciones sobre el sujeto, la libertad y la igualdad, la reducción funcional del derecho –que ya adelantáramos- se completa con la consolidación y supremacía del instituto jurídico del contrato en su manifestación individual, por sobre toda otra institución de regulación del tráfico jurídico que implique de algún modo limitación a la autonomía de la voluntad. Así, el neoliberalismo postula un explícito debilitamiento de la ley como fuente obligacional autónoma de las relaciones civiles, que consecuentemente pretenden ser fusionadas con las específicamente comerciales, no es extraña entonces la tendencia doctrinaria y legislativa de unificar en un solo cuerpo legislativo ambos sistemas, en los que aparecerá sin dudas, y en una buena lectura, la preeminencia de los principios mercantiles por sobre los del derecho común, y la hegemonía de las convenciones de partes como pauta de ejecución o de resarcimiento. No otra razón motiva a las fuertes presiones ejercidas por los organismos internacionales de crédito sobre los países subdesarrollados de tradición jurídica europea y latina, para que renuncien a ella y adopten en su legislación procesal y de fondo los principios e instituciones de la tradición anglosajona, mejor dicho, sólo aquellas instituciones y principios jurídicos que en el espacio económico de la periferia, facilite la movilidad de los capitales transnacionales, su aplicación especulativa y las inversiones libres de riesgo. Para lograr estas adecuaciones legales, ofrecen créditos a tasa de excepción o subsidios no reintegrables.
Pero si esta instrumentalización económica del derecho interno, no se ajustara del todo a los postulados de la libertad económica, también intentan conformar normas internacionales y sus respectivos tribunales, para mediante una prórroga de jurisdicción pactada, que en realidad esconde una renuncia lisa y llana a la jurisdicción, se pueda burlar la debilitada soberanía de los estados –categoría politológica que la razón del capitalismo neoliberal descalifica por anacrónica-.
Los Supuestos epistemológicos
Bajo el imperio de los principios reseñados, la posición de la disciplina económica en el contexto de las ciencias sociales, cambia fundamentalmente, pero también promueve una nueva forma de concebir al conocimiento social en sí mismo. Ya no se trata de legitimar la autonomía metodológica de la economía como saber –humilde pretensión de la tradición clásica- ni siquiera de la conformación de una macro teoría social nutrida por los aportes interdisciplinarios de todas las ciencias humanas, sino lisa y llanamente la constitución de una razón económica totalizadora, que se impone al negar la posibilidad de existencia científica de discursos como la sociología, la politología, la psicología profunda; reduciendo el campo de otros a meros instrumentos de sí misma, como el derecho o la psicología social; o directamente rescribiendo sus contenidos como es el caso de la historia.
Así aparece un nuevo saber omniabarcador que ya no pretende confinarse en la explicación de los procesos de producción y distribución de bienes y servicios y de la administración racional de recursos escasos, sino que asigna para sí la capacidad de convertirse en una teoría general del comportamiento y la elección humana a secas.
Esta ampliación descomunal hacia fuera de su campo de análisis originario se corresponde con una contracción de su patrimonio teórico hacia dentro, que limita sus instrumentos analíticos y sus supuestos a los contenidos de la teoría microeconómica. De tal forma la teoría de los precios, de la empresa, y de los mercados convenientemente generalizadas darían respuesta a cualquier aspecto de la realidad humana. Esta renovada microeconomía axiomatizada por vía lógica –en la versión austríaca- o por vía matemática –en la versión norteamericana- toma el nombre de nueva macroeconomía clásica, cumpliendo tal denominación dos objetivos:
a) Conservar aparente fidelidad a sus precedentes históricos-científicos.
b) Desplazar del campo disciplinar a la teoría macroeconómica originaria, de indudable raigambre keynesiana, provocando una unificación del campo teórico en la medida que abandona lisa y llanamente los temas de reflexión típicamente keynesianos tales como: distribución del ingreso, desarrollo económico, nivel de ocupación, influencia de las expectativas, políticas anticíclicas, análisis estructural de la inflación, etc., a favor del análisis microeconómico ampliado que ahora aplica sus métodos y perspectivas no sólo a los agentes individuales, sino también a las magnitudes globales de una economía nacional y a otros campos de la cultura.
Esta metodología resulta del todo coherente con su concepción individualista y negadora de lo colectivo, puesto que para ella las magnitudes globales son el resultado agregado del comportamiento económico individual de familias y empresas, no de otra parte surge la repetida ocurrencia de asimilar las virtudes ahorrativas de las buenas madres de familia, con las capacidades técnicas exigibles a un eficiente ministro de economía.
Se podrá discutir que la última consideración es un exceso, porque los diarios o el discurso económico dominante están plagados de menciones a la evolución del producto, del ingreso, de la inversión, del gasto, del consumo, del índice inflacionario o de la tasa de desocupación. Esto sin embargo nada quiere decir, porque en ese discurso las nociones macroeconómicas funcionan como meros datos estadísticos cuantitativos, mientras que si se integraran en la perspectiva de un análisis macroeconómico típico, tales categorías y sus articulaciones denunciarían fenómenos cualitativos, y provocarían respuestas de política económica.
Ampliado el campo de actuación teórica, definido su método y su instrumental analítico, la economía neoliberal implícitamente reclama para sí el status epistemológico de la física clásica, en virtud de que se considera dotada de análoga consistencia lógica en el desarrollo de sus inferencias y de similar rigor y capacidad predictiva en sus regularidades legales.
Los Supuestos Económicos
El mercado y los precios
Luego de una recorrida más o menos general, por los supuestos filosóficos y epistemológicos de la doctrina cuyo análisis intentamos, propongámonos describir los principios fundamentales que parecen iluminar su gestión económica, o los mecanismos por los que lo económico en el neoliberalismo, se gestiona a sí mismo.
Para los neoliberales el mercado es el espacio social por antonomasia, de relación entre los hombres transformados en agentes económicos, en el que actuando como oferentes y demandantes satisfacen sus deseos mediante transacciones libres, donde se ponen de acuerdo en el intercambio de un bien o servicio por un precio, produciéndose la transacción cuando oferente y demandante creen subjetivamente haber optimizado su satisfacción, uno en relación a sus deseos y recursos, el otro tomando en cuenta sus ingresos y costos.
En esta lógica si se acepta pagar el precio, entregar el bien o brindar el servicio es porque ambos satisfacen sus expectativas, y no porque los impulse alguna percepción objetiva distinta a sus propios deseos, por ello en el mercado no hay precios altos o bajos, justos o injustos, sino un único precio de equilibrio o tasa de cambio por la que oferente y demandante en cada momento están dispuestos a contratar. Bajo esta concepción la desigualdad entre las partes es una hipótesis inconcebible para el sistema pues si uno se beneficiara en desmedro del otro, la transacción económica no se realizaría.
A su vez esta tasa de cambio o precio de equilibrio o sus variaciones, sirve a los otros agentes como información objetiva para actuar en ese mercado, a los oferentes si el precio supera su costo les indicará la posibilidad de invertir, en caso contrario les inducirá a migrar de ese mercado a otro, más atractivo, por su parte a los demandantes les indicará la posibilidad y medida para optimizar su satisfacción, provocando cambios en la demanda o en la cantidad demandada.
Así, el sistema de precios se convierte en fuente impulsora de la libre competencia, porque detectada una relación positiva entre precios y costos, y en consecuencia la percepción de cuasi rentas o rentas diferenciales por algún agente, tal situación atraerá inmediatamente a nuevos oferentes que establecerán en interacción con los demandantes un nuevo precio de equilibrio que neutralizará esa ganancia excepcional y bloqueará toda posibilidad de prácticas monopólicas al empujar a los precios hacia sus costos, lo que en definitiva redundaría en beneficio del consumidor, verdadero árbitro del sistema en la ideología neoliberal.
Como tercera función el sistema de precios, objetivo informador de oportunidades de optimización, logra preservar el equilibrio general del sistema económico, porque al denunciar problemas en algún mercado particular, hace que los factores de la producción migren de ese sector a otro más rentable del mercado, aumentando en este último el nivel de actividad económica que había declinado en el primero. En consecuencia el nivel general de actividad se compensa automáticamente y se hacen imposibles crisis recesivas o inflacionarias globales. Este mecanismo de autorregulación presume a priori, la absoluta flexibilidad de los factores de producción para trasladarse de un sector a otro del mercado: por ejemplo, cree posible que un pequeño empresario catamarqueño traslade su fondo de producción a otra provincia o cambie de ramo de actividad, o que los obreros petroleros que han desempeñado durante años la misma función, se transformen rápidamente en obreros de la construcción.
Como cuarta función, la teoría de los precios unifica en un mismo patrón de funcionamiento y legitimidad a la teoría de la producción y de la distribución, porque siendo el parámetro objetivo para la inversión o cálculo económico, a partir de ellos el empresario –figura esencial en el neocapitalismo-, realiza la mejor combinación técnica de factores que optimice la relación entre cantidad producida, costo y precio del producto. Si por el contrario se hace caso omiso a la información brindada por los precios, el resultado será un incorrecto cálculo económico y la exclusión del agente por ineficiente de ese mercado. Por otra parte los precios indican qué producir, cuánto y para quién, en la medida en que la ley de oferta y demanda logra generar precios que distribuyen los bienes entre aquellos que están dispuestos a venderlos o a adquirirlos.
Guiados por los precios fijados en el mercado de factores y en última instancia como demanda derivada, de los precios en el mercado de productos, objetivamente se distribuyen las rentas, el empresario y titular del capital recibe en relación a la productividad marginal del capital, a su capacidad de innovación, los trabajadores reciben en relación a la productividad marginal del trabajo, etc. En consecuencia en esta concepción cada agente recibe en el mercado lo que se merece, a contrario sensu, los que son excluidos lo son en la medida en que los bienes y servicios que ofrecen al mercado no son queridos por éste, y este hecho denuncia no una injusticia del mercado sino el resultado de la propia ineficiencia individual del agente.
Por último, la teoría de los precios no sólo regula el mercado interno sino también el mercado internacional, guiados por estas tasas de cambio, los países deben producir todo aquello en lo que tengan ventajas comparativas, a fin de poder competir en el mercado. En este orden de ideas, la división del trabajo se torna una regla técnica inviolable, contraria a la autarquía económica, porque producir bienes y servicios a mayores costos significaría una incorrecta asignación de factores de la producción que se traduciría en pérdidas netas para el conjunto de la economía. Pero mientras en la versión ricardiana, la relación de precios a los que se intercambian las mercancías, quedaba indeterminada sin prejuzgar cuáles deberían ser los objetivos de los países en cuanto a su estructura económica, consecuencia de la homogeneidad de valuación del coste de producción que permitía la teoría valor-trabajo; la versión formulada por el modelo Hecksher-Samuelson, base de la concepción neoliberal, coloca el peso analítico en la dotación de factores productivos de los países –rasgo esencial a la hora de analizar diferencias entre industrializados y periféricos- de manera tal que ahora la regla es producir de acuerdo a la dotación y precio en cada país de capital o trabajo, de lo que resulta que el modelo aboga en definitiva por la perpetuación de las diferencias productivas entre los que tienen una alta relación capital/producto y aquellos con débil capitalización, sometidos ambos al principio de especialización, que es lo mismo que sostener a la hora de los resultados, que la división entre países industriales y atrasados es lo mejor para todos, y la mejor organización económica compatible con las declamadas ventajas del libre comercio.
El rol del Estado
En una concepción ideológica en donde el mercado y los precios son los mejores mecanismos asignadores de recursos y distribuidores de renta, donde el empresario y el capital son los factores esenciales de la inversión y de la innovación tecnológica, y donde todo agente –capitalista o asalariado, oferente o demandante- actúa racionalmente a fin de optimizar su satisfacción, presumiéndose iguales al momento de la transacción, en definitiva en donde no se diferencia entre agentes individuales y estructuras nacionales, economía interna o internacional, parece obvio que la gestión económica global deba ser entregada al sector privado en forma exclusiva, y que el Estado en este contexto se torne un verdadero indeseable.
Para este esquema de razonamiento, aquél, en el mejor de los casos, es un mal necesario que debe tolerarse en la medida que pueda ser reducido a sus funciones mínimas, que en principio, en lo económico, no podrían ser otras que la constitución de un marco jurídico que asegure la exclusividad y libre disponibilidad de la propiedad, la máxima desregulación en las actividades empresarias, y una política presupuestaria y fiscal neutrales y pasivas, como reaseguro de la autoexclusión económica del Estado.
Por otra parte, en un mundo controlado por una única potencia, y en el que se desvanece la noción de nacionalidad y soberanía a favor de la de espacio económico, las funciones políticas de defensa y organización militar pierden sentido, el cuidado de las fronteras en el caso de los países satélites quedaría reducida a una función cuasi policial, dedicada al control del narcotráfico.
En relación a la salud y a la educación, el neoliberalismo las considera oportunidades de inversión y de ganancia privada, por lo que el significativo espacio que cubría tradicionalmente el Estado, debe ser dejado en manos de este sector que lo administrará según las reglas de la competencia y del mercado. Si en su caso el Estado siguiera participando en alguna medida, debe hacerlo sólo marginalmente y con un volumen de gasto público que no ponga en cuestión el equilibrio presupuestario. Esta concepción deriva de la hegemónica ampliación de la noción de mercado en la teoría y del principio que en ese ámbito todo bien o servicio genera un precio que debe ser explícito a fin de que sea pagado por aquel que lo demanda.
En el liberalismo clásico, donde se reconocía la importancia del Estado en el campo de la salud y la educación, se justificaba esta participación, por una parte, en las necesidades de consolidación del Estado nacional y de su unidad, que debía lograrse con el fortalecimiento de los valores culturales propios, por otra parte se justificaba la intervención en materia de salud por la preservación del bienestar general y la asistencia a los marginados, en este último caso significaba una suerte de precio que debía soportar la colectividad como contraprestación a las ventajas de la vida en común.
Los neoliberales postulan una concepción radicalmente distinta: todo sistema de asistencia social, significa sustraer al mercado recursos escasos, que en términos de economicidad podrían ser utilizados más eficientemente por el sector privado de la economía, único creador efectivo de riqueza. Todo gasto público, que en principio debería ser sufragado por impuestos, afecta la acumulación privada de capital, desalienta la inversión y la oportunidad de negocios deprimiendo el nivel de actividad económica. Toda transferencia a los sectores marginados otorga recursos a aquellos que por ser pobres, han probado de que carecen de virtudes capitalistas, de esa racionalidad propia que se traduce en la multiplicación de riqueza; si por el contrario el gasto social se reduce, y con él, los impuestos que gravan la iniciativa y productividad de los dueños del capital, crecerá la tasa de inversión y el nivel de transacciones de la economía. Con los exitosos alcanza con dejarlos hacer, por el contrario parece que el único incentivo para los pobres, es permitir que el agravamiento de la marginación los coloque en situación de sobrevivir o perecer.
Estas consideraciones sobre la acción social estatal se generalizan a toda forma de participación o de regulación estructural que quiera intentar el Estado en el sistema económico, porque la regla es que toda intervención que interfiera las leyes del libre mercado es por principio negativa. Porque el Estado como administrador de los bienes de la sociedad civil –para los neoliberales-, lo único que puede hacer es mal administrarlos, aplicando recursos en actividades poco rentables que traduciéndose en pérdidas netas alimentan el déficit fiscal, su propio gigantismo ineficiente y burocrático que bloquea la iniciativa y el crecimiento económico genuino.
Bajo esta concepción no pueden ser otros los efectos que produce la actuación del Estado cuyas acciones están motivadas por consideraciones político-demagógicas y no de optimización económica, una institución que funcionando al margen del sistema de precios carece de patrones de evaluación de la eficiencia y racionalidad de sus acciones, en términos de costo-beneficio; un agente privilegiado que al margen de la presión reguladora y objetiva de la competencia no asume por sí y para sí el resultado de su ineficiencia y de sus déficits, porque puede trasladarlos eternamente a los agentes productivos de la sociedad que no es otro que su sistema de empresas privadas. Así, el Estado, productor por antonomasia de déficit fiscal, porque puede multiplicar indefinidamente sus medios de pago, ya sea por vía del endeudamiento público o privado, la creación de impuestos o la emisión monetaria, no sólo se permite proveer como monopolista bienes y servicios de mala calidad o que la sociedad no requiere, pero cuyo consumo le es impuesto por vía de justificaciones arbitrarias, sino que al succionar recursos al sector privado y competir por los bienes en el mercado, en condición de privilegio, eleva artificialmente los costos de la economía, desalentando el ahorro y la inversión, verdaderos pilares de la riqueza social.
Para los teóricos neoliberales entonces, la consecuencia final de la participación estatal es empujar al conjunto de la economía, por acción del déficit público, a una crisis inflacionaria que como primer mal provoca severas interferencias en el sistema de precios, que comienza a emitir señales falsas a los agentes económicos sobre ofertas y demandas en los mercados. Sin precios se hace imposible el cálculo económico y las predicciones necesarias para cualquier inversión rentable, con la posibilidad cierta que los agentes económicos realicen ineficientes asignaciones de recursos productivos o malgasten sus ingresos, tratando de escapar a la pérdida de valor de su dinero y no para optimizar la satisfacción de sus deseos. La inestabilidad monetaria, al destruir las funciones del dinero y de los precios, desestructura las aptitudes autorreguladoras de la competencia y desorbita la racionalidad intrínseca del libre mercado, alentando la especulación, en contra de la creatividad, la producción planeada y responsable, y el crecimiento sano del sector real de la economía. Consecuentemente en el mediano plazo la crisis inflacionaria al pulverizar los ingresos fijos, provoca la contracción de la demanda y el inicio de un proceso recesivo, llevando a la parálisis a todo el sistema productivo.
Si esto es así, si el Estado es la verdadera bestia negra del sistema, nada más lógico que la gestión económica deba quedar en manos del sector privado y librada a la iniciativa individual, para ello su función legal debe transformarse en esencialmente derogatoria de toda regulación que condicione a aquéllos, y promover por esta vía su autodisolución como institución en términos de facultades y prerrogativas políticas que puedan guiar deliberadamente al proceso económico. Su única función esencial es preservar el equilibrio presupuestario, tratando de imitar en el control de las cuentas públicas, la eficiente racionalidad de la gestión empresaria, este objetivo recorta conceptualmente su política fiscal, que por precepto, debe reducir el gasto público sea cual fuere su incidencia social y anula en materia de ingresos los efectos extra fiscales y distributivos de los impuestos, los que son valorados únicamente por su aparente neutralidad y aptitud técnica de percepción, por supuesto con una excepción transformada en principio, los impuestos son buenos y éticos en la medida que no afecten la renta capitalista, fundamento de la acumulación y de la apropiación privada de la riqueza.
También en este contexto la mejor política monetaria es la restrictiva, si es posible, neutralizando absolutamente la capacidad de decisión de la política económica, mediante regímenes de convertibilidad, o en su caso, haciendo depender a la evolución monetaria del desenvolvimiento del nivel de transacciones, del sector privado de la economía.
Es fácil concluir entonces que para la concepción neoliberal, el Estado debe carecer de instrumentos de política económica, en el sentido de la utilización de estas herramientas para incidir activamente en la marcha de la economía, no otra cosa puede inferirse cuando atribuyen las inestabilidades y estancamientos a la poca transparencia de los mercados o cuando afirman que los ciclos negativos son esencialmente coyunturales, si se deja al mercado autorregularse libremente. Surge una consecuencia lógica y necesaria, para el Estado neoliberal la mejor política económica posible, es carecer de ella.
Esto no es óbice para que en la gestión económica concreta, mientras reducen los presupuestos para educación, salud, obras públicas, privatizan las obras sociales y los sistemas de pensión; mientras reducen o dejan sin efecto los aportes patronales al régimen previsional; bajan las indemnizaciones o legitiman contratos basura –argumentando eufemísticamente que reducen los impuestos al trabajo- subsidian a las empresas automotrices o hacen prácticas de dumping en el comercio internacional para beneficiar a las corporaciones empresarias, de lo que se derivaría que toda intervención estatal es mala cuando propugnan una más equitativa distribución del ingreso, y es económicamente aceptable cuando protege o subvenciona la rentabilidad empresaria.
Luego de una recorrida más o menos general, por los supuestos filosóficos y epistemológicos de la doctrina cuyo análisis intentamos, propongámonos describir los principios fundamentales que parecen iluminar su gestión económica, o los mecanismos por los que lo económico en el neoliberalismo, se gestiona a sí mismo.
Para los neoliberales el mercado es el espacio social por antonomasia, de relación entre los hombres transformados en agentes económicos, en el que actuando como oferentes y demandantes satisfacen sus deseos mediante transacciones libres, donde se ponen de acuerdo en el intercambio de un bien o servicio por un precio, produciéndose la transacción cuando oferente y demandante creen subjetivamente haber optimizado su satisfacción, uno en relación a sus deseos y recursos, el otro tomando en cuenta sus ingresos y costos.
En esta lógica si se acepta pagar el precio, entregar el bien o brindar el servicio es porque ambos satisfacen sus expectativas, y no porque los impulse alguna percepción objetiva distinta a sus propios deseos, por ello en el mercado no hay precios altos o bajos, justos o injustos, sino un único precio de equilibrio o tasa de cambio por la que oferente y demandante en cada momento están dispuestos a contratar. Bajo esta concepción la desigualdad entre las partes es una hipótesis inconcebible para el sistema pues si uno se beneficiara en desmedro del otro, la transacción económica no se realizaría.
A su vez esta tasa de cambio o precio de equilibrio o sus variaciones, sirve a los otros agentes como información objetiva para actuar en ese mercado, a los oferentes si el precio supera su costo les indicará la posibilidad de invertir, en caso contrario les inducirá a migrar de ese mercado a otro, más atractivo, por su parte a los demandantes les indicará la posibilidad y medida para optimizar su satisfacción, provocando cambios en la demanda o en la cantidad demandada.
Así, el sistema de precios se convierte en fuente impulsora de la libre competencia, porque detectada una relación positiva entre precios y costos, y en consecuencia la percepción de cuasi rentas o rentas diferenciales por algún agente, tal situación atraerá inmediatamente a nuevos oferentes que establecerán en interacción con los demandantes un nuevo precio de equilibrio que neutralizará esa ganancia excepcional y bloqueará toda posibilidad de prácticas monopólicas al empujar a los precios hacia sus costos, lo que en definitiva redundaría en beneficio del consumidor, verdadero árbitro del sistema en la ideología neoliberal.
Como tercera función el sistema de precios, objetivo informador de oportunidades de optimización, logra preservar el equilibrio general del sistema económico, porque al denunciar problemas en algún mercado particular, hace que los factores de la producción migren de ese sector a otro más rentable del mercado, aumentando en este último el nivel de actividad económica que había declinado en el primero. En consecuencia el nivel general de actividad se compensa automáticamente y se hacen imposibles crisis recesivas o inflacionarias globales. Este mecanismo de autorregulación presume a priori, la absoluta flexibilidad de los factores de producción para trasladarse de un sector a otro del mercado: por ejemplo, cree posible que un pequeño empresario catamarqueño traslade su fondo de producción a otra provincia o cambie de ramo de actividad, o que los obreros petroleros que han desempeñado durante años la misma función, se transformen rápidamente en obreros de la construcción.
Como cuarta función, la teoría de los precios unifica en un mismo patrón de funcionamiento y legitimidad a la teoría de la producción y de la distribución, porque siendo el parámetro objetivo para la inversión o cálculo económico, a partir de ellos el empresario –figura esencial en el neocapitalismo-, realiza la mejor combinación técnica de factores que optimice la relación entre cantidad producida, costo y precio del producto. Si por el contrario se hace caso omiso a la información brindada por los precios, el resultado será un incorrecto cálculo económico y la exclusión del agente por ineficiente de ese mercado. Por otra parte los precios indican qué producir, cuánto y para quién, en la medida en que la ley de oferta y demanda logra generar precios que distribuyen los bienes entre aquellos que están dispuestos a venderlos o a adquirirlos.
Guiados por los precios fijados en el mercado de factores y en última instancia como demanda derivada, de los precios en el mercado de productos, objetivamente se distribuyen las rentas, el empresario y titular del capital recibe en relación a la productividad marginal del capital, a su capacidad de innovación, los trabajadores reciben en relación a la productividad marginal del trabajo, etc. En consecuencia en esta concepción cada agente recibe en el mercado lo que se merece, a contrario sensu, los que son excluidos lo son en la medida en que los bienes y servicios que ofrecen al mercado no son queridos por éste, y este hecho denuncia no una injusticia del mercado sino el resultado de la propia ineficiencia individual del agente.
Por último, la teoría de los precios no sólo regula el mercado interno sino también el mercado internacional, guiados por estas tasas de cambio, los países deben producir todo aquello en lo que tengan ventajas comparativas, a fin de poder competir en el mercado. En este orden de ideas, la división del trabajo se torna una regla técnica inviolable, contraria a la autarquía económica, porque producir bienes y servicios a mayores costos significaría una incorrecta asignación de factores de la producción que se traduciría en pérdidas netas para el conjunto de la economía. Pero mientras en la versión ricardiana, la relación de precios a los que se intercambian las mercancías, quedaba indeterminada sin prejuzgar cuáles deberían ser los objetivos de los países en cuanto a su estructura económica, consecuencia de la homogeneidad de valuación del coste de producción que permitía la teoría valor-trabajo; la versión formulada por el modelo Hecksher-Samuelson, base de la concepción neoliberal, coloca el peso analítico en la dotación de factores productivos de los países –rasgo esencial a la hora de analizar diferencias entre industrializados y periféricos- de manera tal que ahora la regla es producir de acuerdo a la dotación y precio en cada país de capital o trabajo, de lo que resulta que el modelo aboga en definitiva por la perpetuación de las diferencias productivas entre los que tienen una alta relación capital/producto y aquellos con débil capitalización, sometidos ambos al principio de especialización, que es lo mismo que sostener a la hora de los resultados, que la división entre países industriales y atrasados es lo mejor para todos, y la mejor organización económica compatible con las declamadas ventajas del libre comercio.
El rol del Estado
En una concepción ideológica en donde el mercado y los precios son los mejores mecanismos asignadores de recursos y distribuidores de renta, donde el empresario y el capital son los factores esenciales de la inversión y de la innovación tecnológica, y donde todo agente –capitalista o asalariado, oferente o demandante- actúa racionalmente a fin de optimizar su satisfacción, presumiéndose iguales al momento de la transacción, en definitiva en donde no se diferencia entre agentes individuales y estructuras nacionales, economía interna o internacional, parece obvio que la gestión económica global deba ser entregada al sector privado en forma exclusiva, y que el Estado en este contexto se torne un verdadero indeseable.
Para este esquema de razonamiento, aquél, en el mejor de los casos, es un mal necesario que debe tolerarse en la medida que pueda ser reducido a sus funciones mínimas, que en principio, en lo económico, no podrían ser otras que la constitución de un marco jurídico que asegure la exclusividad y libre disponibilidad de la propiedad, la máxima desregulación en las actividades empresarias, y una política presupuestaria y fiscal neutrales y pasivas, como reaseguro de la autoexclusión económica del Estado.
Por otra parte, en un mundo controlado por una única potencia, y en el que se desvanece la noción de nacionalidad y soberanía a favor de la de espacio económico, las funciones políticas de defensa y organización militar pierden sentido, el cuidado de las fronteras en el caso de los países satélites quedaría reducida a una función cuasi policial, dedicada al control del narcotráfico.
En relación a la salud y a la educación, el neoliberalismo las considera oportunidades de inversión y de ganancia privada, por lo que el significativo espacio que cubría tradicionalmente el Estado, debe ser dejado en manos de este sector que lo administrará según las reglas de la competencia y del mercado. Si en su caso el Estado siguiera participando en alguna medida, debe hacerlo sólo marginalmente y con un volumen de gasto público que no ponga en cuestión el equilibrio presupuestario. Esta concepción deriva de la hegemónica ampliación de la noción de mercado en la teoría y del principio que en ese ámbito todo bien o servicio genera un precio que debe ser explícito a fin de que sea pagado por aquel que lo demanda.
En el liberalismo clásico, donde se reconocía la importancia del Estado en el campo de la salud y la educación, se justificaba esta participación, por una parte, en las necesidades de consolidación del Estado nacional y de su unidad, que debía lograrse con el fortalecimiento de los valores culturales propios, por otra parte se justificaba la intervención en materia de salud por la preservación del bienestar general y la asistencia a los marginados, en este último caso significaba una suerte de precio que debía soportar la colectividad como contraprestación a las ventajas de la vida en común.
Los neoliberales postulan una concepción radicalmente distinta: todo sistema de asistencia social, significa sustraer al mercado recursos escasos, que en términos de economicidad podrían ser utilizados más eficientemente por el sector privado de la economía, único creador efectivo de riqueza. Todo gasto público, que en principio debería ser sufragado por impuestos, afecta la acumulación privada de capital, desalienta la inversión y la oportunidad de negocios deprimiendo el nivel de actividad económica. Toda transferencia a los sectores marginados otorga recursos a aquellos que por ser pobres, han probado de que carecen de virtudes capitalistas, de esa racionalidad propia que se traduce en la multiplicación de riqueza; si por el contrario el gasto social se reduce, y con él, los impuestos que gravan la iniciativa y productividad de los dueños del capital, crecerá la tasa de inversión y el nivel de transacciones de la economía. Con los exitosos alcanza con dejarlos hacer, por el contrario parece que el único incentivo para los pobres, es permitir que el agravamiento de la marginación los coloque en situación de sobrevivir o perecer.
Estas consideraciones sobre la acción social estatal se generalizan a toda forma de participación o de regulación estructural que quiera intentar el Estado en el sistema económico, porque la regla es que toda intervención que interfiera las leyes del libre mercado es por principio negativa. Porque el Estado como administrador de los bienes de la sociedad civil –para los neoliberales-, lo único que puede hacer es mal administrarlos, aplicando recursos en actividades poco rentables que traduciéndose en pérdidas netas alimentan el déficit fiscal, su propio gigantismo ineficiente y burocrático que bloquea la iniciativa y el crecimiento económico genuino.
Bajo esta concepción no pueden ser otros los efectos que produce la actuación del Estado cuyas acciones están motivadas por consideraciones político-demagógicas y no de optimización económica, una institución que funcionando al margen del sistema de precios carece de patrones de evaluación de la eficiencia y racionalidad de sus acciones, en términos de costo-beneficio; un agente privilegiado que al margen de la presión reguladora y objetiva de la competencia no asume por sí y para sí el resultado de su ineficiencia y de sus déficits, porque puede trasladarlos eternamente a los agentes productivos de la sociedad que no es otro que su sistema de empresas privadas. Así, el Estado, productor por antonomasia de déficit fiscal, porque puede multiplicar indefinidamente sus medios de pago, ya sea por vía del endeudamiento público o privado, la creación de impuestos o la emisión monetaria, no sólo se permite proveer como monopolista bienes y servicios de mala calidad o que la sociedad no requiere, pero cuyo consumo le es impuesto por vía de justificaciones arbitrarias, sino que al succionar recursos al sector privado y competir por los bienes en el mercado, en condición de privilegio, eleva artificialmente los costos de la economía, desalentando el ahorro y la inversión, verdaderos pilares de la riqueza social.
Para los teóricos neoliberales entonces, la consecuencia final de la participación estatal es empujar al conjunto de la economía, por acción del déficit público, a una crisis inflacionaria que como primer mal provoca severas interferencias en el sistema de precios, que comienza a emitir señales falsas a los agentes económicos sobre ofertas y demandas en los mercados. Sin precios se hace imposible el cálculo económico y las predicciones necesarias para cualquier inversión rentable, con la posibilidad cierta que los agentes económicos realicen ineficientes asignaciones de recursos productivos o malgasten sus ingresos, tratando de escapar a la pérdida de valor de su dinero y no para optimizar la satisfacción de sus deseos. La inestabilidad monetaria, al destruir las funciones del dinero y de los precios, desestructura las aptitudes autorreguladoras de la competencia y desorbita la racionalidad intrínseca del libre mercado, alentando la especulación, en contra de la creatividad, la producción planeada y responsable, y el crecimiento sano del sector real de la economía. Consecuentemente en el mediano plazo la crisis inflacionaria al pulverizar los ingresos fijos, provoca la contracción de la demanda y el inicio de un proceso recesivo, llevando a la parálisis a todo el sistema productivo.
Si esto es así, si el Estado es la verdadera bestia negra del sistema, nada más lógico que la gestión económica deba quedar en manos del sector privado y librada a la iniciativa individual, para ello su función legal debe transformarse en esencialmente derogatoria de toda regulación que condicione a aquéllos, y promover por esta vía su autodisolución como institución en términos de facultades y prerrogativas políticas que puedan guiar deliberadamente al proceso económico. Su única función esencial es preservar el equilibrio presupuestario, tratando de imitar en el control de las cuentas públicas, la eficiente racionalidad de la gestión empresaria, este objetivo recorta conceptualmente su política fiscal, que por precepto, debe reducir el gasto público sea cual fuere su incidencia social y anula en materia de ingresos los efectos extra fiscales y distributivos de los impuestos, los que son valorados únicamente por su aparente neutralidad y aptitud técnica de percepción, por supuesto con una excepción transformada en principio, los impuestos son buenos y éticos en la medida que no afecten la renta capitalista, fundamento de la acumulación y de la apropiación privada de la riqueza.
También en este contexto la mejor política monetaria es la restrictiva, si es posible, neutralizando absolutamente la capacidad de decisión de la política económica, mediante regímenes de convertibilidad, o en su caso, haciendo depender a la evolución monetaria del desenvolvimiento del nivel de transacciones, del sector privado de la economía.
Es fácil concluir entonces que para la concepción neoliberal, el Estado debe carecer de instrumentos de política económica, en el sentido de la utilización de estas herramientas para incidir activamente en la marcha de la economía, no otra cosa puede inferirse cuando atribuyen las inestabilidades y estancamientos a la poca transparencia de los mercados o cuando afirman que los ciclos negativos son esencialmente coyunturales, si se deja al mercado autorregularse libremente. Surge una consecuencia lógica y necesaria, para el Estado neoliberal la mejor política económica posible, es carecer de ella.
Esto no es óbice para que en la gestión económica concreta, mientras reducen los presupuestos para educación, salud, obras públicas, privatizan las obras sociales y los sistemas de pensión; mientras reducen o dejan sin efecto los aportes patronales al régimen previsional; bajan las indemnizaciones o legitiman contratos basura –argumentando eufemísticamente que reducen los impuestos al trabajo- subsidian a las empresas automotrices o hacen prácticas de dumping en el comercio internacional para beneficiar a las corporaciones empresarias, de lo que se derivaría que toda intervención estatal es mala cuando propugnan una más equitativa distribución del ingreso, y es económicamente aceptable cuando protege o subvenciona la rentabilidad empresaria.
Consideraciones sobre el Monopolio
Contradicciones similares se perciben entre el discurso neoliberal y sus prácticas, cuando de los monopolios se trata, introduciéndose singulares distinciones según sea estatal o privada su naturaleza. Uno de los argumentos más fuertes que se utilizan para justificar la privatización de servicios públicos, es que con ella se alienta la competencia y en consecuencia la baja de los precios y la mejora en la calidad de los servicios, logros que serían imposibles con el Estado como oferente monopólico en mercados cautivos. Producidas las privatizaciones, se pone en evidencia que los contratos de concesión han asegurado a una sola empresa áreas exclusivas de explotación por un largo término, cambiando en realidad un monopolio estatal por otro privado, o en su caso, luego de ese período de exclusividad, en el que las empresas ya han recuperado varias veces la inversión, los transforman en mercados oligopólicos. Pero este amortiguamiento de la antigua fobia antimonopólica –típica de los maestros clásicos- no sólo se muestra en el callado terreno de las prácticas sino que también se ha instalado como contenido implícito o explícito en el propio discurso teórico neoliberal: implícitamente cuando hace mención a los formadores de precios –empresas como es obvio- o lo que es lo mismo, agentes económicos con tanto poder que pueden fijarlos unilateralmente sin someterse a las reglas competitivas del mercado; o cuando explícitamente justifican la existencia de monopolios, no ya como una anomalía competitiva, sino como el más eficiente medio técnico para el desenvolvimiento óptimo de determinada empresa, dadas las peculiaridades de su mercado. Hacen ingresar por la ventana de la teoría, la realidad de un capitalismo estamentario y burocrático, que aquélla al nivel de sus supuestos sigue describiendo como atomizado y competitivo.
Mercado de Trabajo
Avoquémonos por último en este capítulo dedicado a los supuestos económicos de la ideología en cuestión, al modo en que ésta considera al trabajo en el contexto de la economía de mercado.
Para el neoliberalismo el mercado de trabajo es igual a cualquier otro mercado, no presenta ninguna diferencia cualitativa que le singularice, porque en la sociedad de cambio el trabajo también constituye una mercancía que puede venderse o comprarse por un precio; la forma de transacción debe ser igual que en otros mercados, contratos individuales entre las partes –oferentes y demandantes-, a quienes se presumen iguales y libres al momento de la transacción: el trabajador acepta voluntariamente y porque subjetivamente se beneficia, las condiciones de trabajo y el salario pactados; por su parte el empresario contrata con el trabajador en la medida en que también se beneficia porque considera que la productividad marginal del trabajo cubre su costo.
Así presentada la relación de trabajo en esta concepción, aparece privada de conflictos y como perfectamente armoniosa, el trabajador en ningún momento elige entre el trabajo o el hambre sino entre el ocio y el trabajo; el trabajador no recibe como contraprestación un salario que le permite vivir con dignidad o que lo condena a condiciones de esclavitud, recibe lo que es objetivo, lo que coincide con su productividad, en consecuencia el salario se transforma en una valuación neutral de su mayor o menor eficiencia individual. En estos mismos términos, si un desocupado no consigue trabajo es porque pretende un salario mayor a su productividad, o lo que es lo mismo, el desocupado permanece en esa condición porque valora más el ocio que el trabajo, si sus preferencias fueran contrarias adecuaría sus pretensiones a los requerimientos del mercado y obtendría su contrato.
Si analizamos con esta misma lógica, el consabido argumento neoliberal de que el paro en el mundo de hoy, puede ser atribuido a nuestra deslumbrante transformación tecnológica, que es lo mismo que decir que la raíz de nuestros males está en el esplendor de nuestros éxitos, aparece nuevamente la justificación del ocio o del paro voluntario: si la flexibilidad es la condición natural de una economía competitiva, y la oferta debiera adecuarse ágilmente a los requerimientos de la demanda, no lograr ocupación significa no modernizarse, no querer abandonar por tozudez personal habilidades o conocimientos anacrónicos que ya no coinciden con las necesidades del progreso, de la ciencia, de la evolución del mercado; significa ser remiso al esfuerzo que implica el propio mejoramiento, no importa que en el argumento no se considere las circunstancias y capacidades de mutación de un obrero no especializado o de un doctor de Harvard; porque en condiciones de mercado flexible ambos son iguales y tendrían que encontrar su nicho en el sistema productivo, si se adecuaran inteligente y creativamente a sus demandas. Si no logran incorporarse al mercado es por efecto de su propia elección o en su caso se trata de un fenómeno temporario –paro friccional- que será resuelto por un mercado en expansión y una demanda de trabajo insatisfecha.
Esta concepción esencialmente individualista del trabajo, constituye la base de coherencia del visceral rechazo que el neoliberalismo muestra en relación a la existencia y función de las organizaciones gremiales de trabajadores. En esta teoría los gremios constituyen una anacrónica rémora medieval que en los hechos no propende al mejoramiento de las condiciones de labor de los trabajadores, sino que constituyen mecanismos monopólicos que interfieren en el libre funcionamiento del mercado, tornando rígido a su sistema de precios, o lo que es lo mismo, generando salarios artificialmente altos, u otros beneficios económicos arbitrarios, que no se corresponden con la productividad marginal del trabajo o con un nivel competitivo de costos para las empresas.
En este mismo sentido las regulaciones legales que protegen la estabilidad del empleo, no suponen conquistas sociales generales que beneficien a toda la población económicamente activa, sino sólo a aquellos que ya tienen empleo, perjudicando en cambio a los nuevos oferentes que aún no lo han obtenido, porque al aumentar artificialmente el precio del factor, hace que las expectativas de rentabilidad de las inversiones disminuyan, al reducirse la rentabilidad potencial o aumentar los riesgos legales de la contratación. De lo que resulta que los gremios, la legislación laboral y su fuero especial, serían los responsables del escuálido ritmo de la economía en su conjunto; así y en forma sutil, trasladan la causa del conflicto entre clases –que no es otra que la pugna distributiva entre el trabajo asalariado y el beneficio empresario- denunciada explícitamente por Ricardo, al corazón mismo de la clase trabajadora, en la medida que alientan una franca confrontación entre los que tienen trabajo y los que no lo tienen, porque los primeros serían los responsables de generar costos laborales artificialmente altos, que desalentaría en los empresarios la intención de nuevas contrataciones, colocando una cuña insidiosa en la cohesión social y política de los trabajadores para la defensa de sus intereses, debilitando su conciencia de clase, que sólo instrumentada orgánicamente puede compensar de alguna manera las desigualdades reales que caracterizan las relaciones entre capital y trabajo.
En este orden de ideas, el neoliberalismo formula una de sus inferencias teóricas más eficaces ideológicamente: la tasa de paro de una economía, no puede en ninguna hipótesis atribuirse a la anatomía del libre mercado, ni al virtuoso funcionamiento de su legalidad interna, se trata de una disfunción generada por hipótesis exógenas atribuibles a los propios trabajadores o a la miopía corporativa de los sindicatos, que a través de presiones políticas y de una maraña de regulaciones legales bloquean la competencia, impiden el restablecimiento dinámico del equilibrio económico y una tasa positiva de crecimiento de la economía, para proteger en definitiva la ineficiencia laboral y la baja productividad de trabajo.
Parece lógico entonces que el derecho laboral como especialidad científica y fuero especial, sea francamente resistida por los supuestos de la teoría, que lo enjuician por lo bajo como una verdadera patología jurídica, que producto de las defecciones demagógicas de la política frente a la racionalidad científica inviolable del orden económico, subvierte las finalidades últimas del orden jurídico que no son otras que preservar el principio de autonomía de la voluntad en las relaciones contractuales, la propiedad privada y la preeminencia del capital en el proceso de producción y apropiación del producto. Por ello las leyes de flexibilización laboral constituirían en esta confrontación, por la consolidación de un orden social hegemónico, sólo un paso que conduciría en sus extremos lógicos, a la derogación total del orden público laboral, a favor quizás –en el mejor de los casos- del restablecimiento del régimen de locación de servicios del derecho común.
Este sesgo anticorporativo, que tanto rédito le ha brindado al neoliberalismo como argumento en contra del Estado de Bienestar y en la consecuente desregulación de los mercados, no es esgrimido por sus defensores con tanta energía, cuando de las prácticas corporativas de los grupos empresarios se trata, en esta hipótesis las corporaciones empresariales no trepidan en nombre de la libertad de empresa, del empleo y del desarrollo nacional, en arrancar al debilitado y dependiente estado neoliberal, concesiones proteccionistas de diversa índole, que van desde la creación de fondos para el rescate de entidades financieras privadas en problemas, declaración de estados de emergencia, exenciones fiscales y una variopinta gama de subsidios explícitos o encubiertos para sostener la demanda interna o proteger a las exportaciones propias de la competencia internacional; regulaciones legales que obviamente, como las del mercado laboral, interfieren en el sistema de precios y en el libre funcionamiento de la economía de mercado. Esta contradicción en los principios y su aplicación a los hechos, no hace más que confirmar algunas tesis que hemos venido formulando:
a) La preeminencia de poder que al capital como factor y a sus titulares, les atribuye el neoliberalismo.
b) La subordinación de la política a la economía neoliberal, y la instrumentalización del Estado como agente de los intereses empresarios.
c) La instrumentación del derecho como discurso legitimador de la epísteme neoliberal, y como técnica de control social para la expansión de sus prácticas y la transformación de sus concretos intereses de clase en principios generales de organización social.
Las supuestas políticas activas
En el marco de esta concepción, que considera al trabajo un factor tan marginal del proceso económico, no puede causar sorpresa que sus agentes ideológicos y sus ejecutores políticos, se muestren tan pasivos para afrontar la creciente tasa de desocupación, y la exclusión social que como efectos evidentes, muestra la aplicación consecuente de los supuestos teóricos de la ideología; no puede sorprender, porque al interior de la teoría no existe un espacio propio para la consideración del paro como objeto importante de la reflexión económica. Si el empleo es sólo una función directa del comportamiento de la inversión, y ésta depende de la buena voluntad del capital privado alentado por expectativas positivas, en la relación entre rentabilidad planeada y la tasa de interés; sólo queda esperar que el efecto pobreza y la desregulación flexibilicen al mercado laboral y lo tornen compatible con las expectativas empresarias. Digámoslo de una vez: en el cuerpo de la teoría neoliberal, las políticas activas impulsadas por el Estado para mitigar el paro, son una imposibilidad lógica, porque el paro es una hipótesis imposible en un mercado competitivo y libre.
De lo expuesto deriva que los reclamos de la clase política de medidas compensatorias, pueden sólo responder a tres hipótesis:
a) A una marcada hipocresía, que sólo intenta por medio del discurso, prolongar la agonía que produce un fenómeno, que al interior de la teoría carece de respuesta.
b) A una inconsistencia lógica derivada de la falsa creencia en la neutralidad de la economía como ciencia, o en la identificación también falsa de la ciencia económica con los supuestos del paradigma neoliberal.
c) A la convicción que dentro del propio sistema podrían arbitrarse medidas coyunturales y limitadas, que sin cuestionar la lógica interna de la ideología, mitiguen una contradicción secundaria, sin percibir que el paro y la recesión de onda larga que afectan al sistema económico, son una consecuencia central y profunda del funcionamiento de la propia teoría, del sostenimiento de sus presupuestos vertebrales, tales como: la supremacía del capital y de los empresarios como articuladores de los mercados; la concentración de la propiedad y de la riqueza; las tendencias centrípetas del crecimiento económico capitalista; la descalificación ontológica de lo social; la confianza en las virtudes autorreguladoras de la competencia; o la denigración de la política como creadora de órdenes sociales más justos.
Por eso la puesta en marcha de políticas compensadoras compatibles en profundidad y extensión con los males que pretenden corregirse, supondría lisa y llanamente el reemplazo del paradigma neoliberal y el regreso al Estado de Bienestar; y si su aplicación se sigue intentando con la falta de convicción como hasta el presente, sus efectos en el conjunto de la economía serán inocuos, y el neoliberalismo tendría que aceptar seriamente la posibilidad de acrecentar su mecanismo de represión para enfrentar la crisis social, o sucumbir aferrado a la pureza de sus dogmas.
Los Maestros Clásicos y el Neoliberalismo
Cuestionar los dogmas del neoliberalismo desde otras perspectivas ideológicas-políticas, es por supuesto legítimo, pero se corre el riesgo de que sean contestadas por sus defensores, descalificándolas a priori por anacrónicas, frente a la manifiesta preeminencia histórica del neocapitalismo, por anticientíficas en razón del monopolio que pretende ejercer en este campo, adjudicándoles en el mejor de los casos, una voluntad de poder análoga a la que ella misma encarna; o se corre el riesgo aún mayor de, al situarse en una lógica ajena al objeto de análisis limitar el juicio a la valoración ética de sus efectos, lo que de todos modos, dejaría incólume a su contexto de descubrimiento y de validación lógica de la teoría.
Parece más sugerente apelar a lo que dijeron, los fundadores de la economía como campo disciplinario y de liberalismo como alternativa intelectual y política, en la medida en que el propio neoliberalismo remite a tales maestros como sus antecedentes históricos y teóricos más nobles, y confrontar aunque sea parcialmente algunos principios fundamentales en el que ambas escuelas parecieran mostrar significativas diferencias.
Para hacer posibles las comparaciones hemos optado por citar textualmente a Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill en sus obras fundamentales, y en otros casos describir sus posiciones, lo más fielmente posible.
Sobre la supuesta racionalidad económica
“La racionalidad económica dista mucho de la perfección, proviene de la presuntuosa idea que tiene la mayor parte de los hombres acerca de sus propias facultades” – Smith.
Sobre la propiedad privada y el Estado como instrumento de clase
“Donde quiera que haya una gran propiedad, habrá gran desigualdad. Por cada hombre muy rico, habrá como mínimo quinientos hombres pobres y la opulencia de unos pocos supondrá la indigencia de muchos, por eso el Gobierno en tanto instituido para proteger la propiedad, ha sido en realidad instituido para defender al rico frente al pobre, o bien para proteger a los que tienen propiedad frente a los que no poseen ninguna en absoluto” – Smith.
Sobre el espíritu empresario y el interés social
“El interés de los traficantes... en cualquier rama del comercio o de la industria es siempre... diferente, o incluso opuesto, al interés público. El interés de los traficantes consiste siempre en ampliar el mercado y reducir la competencia. Al reducir la competencia, los traficantes pueden imponer para su propio beneficio, un absurdo impuesto al resto de sus conciudadanos” – Smith.
Sobre el empresario, la libre competencia y el monopolio
“Son un tipo de hombres, cuyo interés no coincide nunca exactamente con el del público, les conviene generalmente engañar e incluso oprimir al público al que, efectivamente y en muchas ocasiones –engañan y oprimen, guiados por la mezquina rapacidad del espíritu monopolizador” – Smith.
Sobre el empresario y la supuesta soberanía del consumidor
“Rara vez se reúnen los hombres que ejercitan el mismo tipo de tráfico, aún cuando sea para entretenimiento y diversión, sin que la conversación termine en una conspiración en contra del público o en un plan para elevar los precios. Todo para nosotros y nada para los demás parece haber sido la ruin máxima de cuantos han gobernado a la humanidad” – Smith.
Sobre los lobys empresarios y el Estado
“El miembro del parlamento que apoye todas las disposiciones para fortalecer un monopolio podrá estar seguro de adquirir, no sólo la reputación del entendido en comercio, sino también una gran popularidad entre una clase de hombres a los que su riqueza hace poseer una gran importancia. Si por el contrario, se opone a dichas disposiciones y, más aún, si tiene la suficiente autoridad para desbaratarlas, ni la más reconocida probidad, ni el más alto rango, ni los máximos servicios públicos podrán protegerle de las más infames injurias y detracciones, de los insultos personales o del en ocasiones real peligro, procedente del insolente ultraje hecho a los furiosos monopolistas” – Smith.
Sobre los trabajadores y la equidad
“Los servidores, obreros y trabajadores de diferentes clases constituyen la mayor parte de todas las grandes sociedades políticas, y lo que mejora las circunstancias de la mayoría no puede nunca considerarse como una desventaja para la comunidad. Ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros son pobres y miserables. Por otra parte, no es, sino equidad el que aquellos que alimentan, visten y dan albergue a la comunidad, compartan el producto de sus propio trabajo, pudiendo, a su vez, alimentarse, vestirse y albergarse de forma tolerable” – Smith.
Sobre el trabajo y el salario como fuente legítima de riqueza
“Originariamente el salario natural del trabajo consiste en el producto del trabajo, que antes de la apropiación de la tierra y de la acumulación de capital pertenecía al trabajador, con la aparición de estas clases el trabajador tiene que compartir lo que produce con ellos. Luego la relación se invierte y los salarios terminan pagándose con el sobrante de la renta de la tierra y del capital, es decir, con el excedente luego de cubiertas las necesidades del propietario y de su negocio. Por eso el salario es la única renta legítima y las otras son deducciones del producto del trabajo” – Smith.
Sobre el trabajo como fuente de los precios
“El valor de una mercancía o la cantidad de otra mercancía por la que aquélla puede ser cambiada, depende de la cantidad relativa de trabajo necesario para su producción” – Ricardo.
“El precio natural se identifica con la cantidad de trabajo y el precio de mercado es determinado por la ley de oferta y demanda, pero el centro de gravedad hacia el cual deben tender todos los precios del mercado es el precio natural” – Ricardo.
Sobre el trabajo como fuente de todo valor
“El precio real de una cosa cualquiera, es decir, lo que dicha cosa cuesta al hombre que desea adquirirla, es el trabajo y esfuerzo necesario para obtenerla. Para el hombre que la ha adquirido y que quiere disponer de ella para cambiarla o para cualquier otro fin, el valor real de dicha cosa es el esfuerzo y la dificultad que se ha ahorrado y que puede imponer a otras personas. Lo que se compra con dinero o con las cosas, se compra con trabajo puesto que se adquiere con el sudor de nuestra frente. Así pues, el dinero o dichas cosas... contienen el valor de una cierta cantidad de trabajo... El trabajo fue el primer precio, es decir, la moneda pagada por la compra primitiva de todas las cosas” – Ricardo.
Sobre el trabajador como dueño del producto
“En el primitivo y rudo estado de la sociedad que procede a la acumulación de mercancías y de dinero, como la apropiación de la tierra, la proporción entre las distintas cantidades de trabajo que se necesitan para adquirir los diferentes objetos, parece ser la única circunstancia que nos permite obtener una regla por la que cambiar unos por otros. En este estado de cosas todo lo producido por el trabajo pertenece al trabajador” – Ricardo.
Sobre el trabajo como fuente del Bienestar Nacional
“El trabajo anual de cada nación es el fondo que proporciona originalmente todas las cosas necesarias y convenientes para la vida. Por eso, según que este producto, o lo que se compra con él, sea mayor o menor al número de los que han de consumirlo, podrá decirse que la nación está mejor o peor abastecida” – Smith.
Sobre el problema de la distribución
Según Stuart Mill, debe tratarse separadamente a la producción de la distribución, pues mientras la primera es una institución natural y depende de leyes naturales, la segunda es una categoría histórica que refleja las relaciones de propiedad de un momento histórico determinado, por ello, porque es una institución social, la forma de distribución puede ser modificada, estableciéndose una nueva participación de las clases en el producto total.
Sobre el salario y la ley de oferta y demanda
“Los salarios solamente podrán crecer si se mitiga la ley de oferta y demanda en el mercado de trabajo, y la posición privilegiada del patrón en el contrato individual, mediante convenios colectivos y la actividad de asociaciones obreras, siempre que la agremiación fuera voluntaria” – Stuart Mill.
Sobre el destino del capitalismo
“Con el curso del tiempo, la organización del trabajo dependiente, con su sistema de salarios dará lugar a nuevas disposiciones sociales, tales como la participación obrera en los beneficios empresarios, la asociación de trabajadores y capitalistas, y especialmente al sistema cooperativo” – Stuart Mill.
Cuestionar los dogmas del neoliberalismo desde otras perspectivas ideológicas-políticas, es por supuesto legítimo, pero se corre el riesgo de que sean contestadas por sus defensores, descalificándolas a priori por anacrónicas, frente a la manifiesta preeminencia histórica del neocapitalismo, por anticientíficas en razón del monopolio que pretende ejercer en este campo, adjudicándoles en el mejor de los casos, una voluntad de poder análoga a la que ella misma encarna; o se corre el riesgo aún mayor de, al situarse en una lógica ajena al objeto de análisis limitar el juicio a la valoración ética de sus efectos, lo que de todos modos, dejaría incólume a su contexto de descubrimiento y de validación lógica de la teoría.
Parece más sugerente apelar a lo que dijeron, los fundadores de la economía como campo disciplinario y de liberalismo como alternativa intelectual y política, en la medida en que el propio neoliberalismo remite a tales maestros como sus antecedentes históricos y teóricos más nobles, y confrontar aunque sea parcialmente algunos principios fundamentales en el que ambas escuelas parecieran mostrar significativas diferencias.
Para hacer posibles las comparaciones hemos optado por citar textualmente a Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill en sus obras fundamentales, y en otros casos describir sus posiciones, lo más fielmente posible.
Sobre la supuesta racionalidad económica
“La racionalidad económica dista mucho de la perfección, proviene de la presuntuosa idea que tiene la mayor parte de los hombres acerca de sus propias facultades” – Smith.
Sobre la propiedad privada y el Estado como instrumento de clase
“Donde quiera que haya una gran propiedad, habrá gran desigualdad. Por cada hombre muy rico, habrá como mínimo quinientos hombres pobres y la opulencia de unos pocos supondrá la indigencia de muchos, por eso el Gobierno en tanto instituido para proteger la propiedad, ha sido en realidad instituido para defender al rico frente al pobre, o bien para proteger a los que tienen propiedad frente a los que no poseen ninguna en absoluto” – Smith.
Sobre el espíritu empresario y el interés social
“El interés de los traficantes... en cualquier rama del comercio o de la industria es siempre... diferente, o incluso opuesto, al interés público. El interés de los traficantes consiste siempre en ampliar el mercado y reducir la competencia. Al reducir la competencia, los traficantes pueden imponer para su propio beneficio, un absurdo impuesto al resto de sus conciudadanos” – Smith.
Sobre el empresario, la libre competencia y el monopolio
“Son un tipo de hombres, cuyo interés no coincide nunca exactamente con el del público, les conviene generalmente engañar e incluso oprimir al público al que, efectivamente y en muchas ocasiones –engañan y oprimen, guiados por la mezquina rapacidad del espíritu monopolizador” – Smith.
Sobre el empresario y la supuesta soberanía del consumidor
“Rara vez se reúnen los hombres que ejercitan el mismo tipo de tráfico, aún cuando sea para entretenimiento y diversión, sin que la conversación termine en una conspiración en contra del público o en un plan para elevar los precios. Todo para nosotros y nada para los demás parece haber sido la ruin máxima de cuantos han gobernado a la humanidad” – Smith.
Sobre los lobys empresarios y el Estado
“El miembro del parlamento que apoye todas las disposiciones para fortalecer un monopolio podrá estar seguro de adquirir, no sólo la reputación del entendido en comercio, sino también una gran popularidad entre una clase de hombres a los que su riqueza hace poseer una gran importancia. Si por el contrario, se opone a dichas disposiciones y, más aún, si tiene la suficiente autoridad para desbaratarlas, ni la más reconocida probidad, ni el más alto rango, ni los máximos servicios públicos podrán protegerle de las más infames injurias y detracciones, de los insultos personales o del en ocasiones real peligro, procedente del insolente ultraje hecho a los furiosos monopolistas” – Smith.
Sobre los trabajadores y la equidad
“Los servidores, obreros y trabajadores de diferentes clases constituyen la mayor parte de todas las grandes sociedades políticas, y lo que mejora las circunstancias de la mayoría no puede nunca considerarse como una desventaja para la comunidad. Ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros son pobres y miserables. Por otra parte, no es, sino equidad el que aquellos que alimentan, visten y dan albergue a la comunidad, compartan el producto de sus propio trabajo, pudiendo, a su vez, alimentarse, vestirse y albergarse de forma tolerable” – Smith.
Sobre el trabajo y el salario como fuente legítima de riqueza
“Originariamente el salario natural del trabajo consiste en el producto del trabajo, que antes de la apropiación de la tierra y de la acumulación de capital pertenecía al trabajador, con la aparición de estas clases el trabajador tiene que compartir lo que produce con ellos. Luego la relación se invierte y los salarios terminan pagándose con el sobrante de la renta de la tierra y del capital, es decir, con el excedente luego de cubiertas las necesidades del propietario y de su negocio. Por eso el salario es la única renta legítima y las otras son deducciones del producto del trabajo” – Smith.
Sobre el trabajo como fuente de los precios
“El valor de una mercancía o la cantidad de otra mercancía por la que aquélla puede ser cambiada, depende de la cantidad relativa de trabajo necesario para su producción” – Ricardo.
“El precio natural se identifica con la cantidad de trabajo y el precio de mercado es determinado por la ley de oferta y demanda, pero el centro de gravedad hacia el cual deben tender todos los precios del mercado es el precio natural” – Ricardo.
Sobre el trabajo como fuente de todo valor
“El precio real de una cosa cualquiera, es decir, lo que dicha cosa cuesta al hombre que desea adquirirla, es el trabajo y esfuerzo necesario para obtenerla. Para el hombre que la ha adquirido y que quiere disponer de ella para cambiarla o para cualquier otro fin, el valor real de dicha cosa es el esfuerzo y la dificultad que se ha ahorrado y que puede imponer a otras personas. Lo que se compra con dinero o con las cosas, se compra con trabajo puesto que se adquiere con el sudor de nuestra frente. Así pues, el dinero o dichas cosas... contienen el valor de una cierta cantidad de trabajo... El trabajo fue el primer precio, es decir, la moneda pagada por la compra primitiva de todas las cosas” – Ricardo.
Sobre el trabajador como dueño del producto
“En el primitivo y rudo estado de la sociedad que procede a la acumulación de mercancías y de dinero, como la apropiación de la tierra, la proporción entre las distintas cantidades de trabajo que se necesitan para adquirir los diferentes objetos, parece ser la única circunstancia que nos permite obtener una regla por la que cambiar unos por otros. En este estado de cosas todo lo producido por el trabajo pertenece al trabajador” – Ricardo.
Sobre el trabajo como fuente del Bienestar Nacional
“El trabajo anual de cada nación es el fondo que proporciona originalmente todas las cosas necesarias y convenientes para la vida. Por eso, según que este producto, o lo que se compra con él, sea mayor o menor al número de los que han de consumirlo, podrá decirse que la nación está mejor o peor abastecida” – Smith.
Sobre el problema de la distribución
Según Stuart Mill, debe tratarse separadamente a la producción de la distribución, pues mientras la primera es una institución natural y depende de leyes naturales, la segunda es una categoría histórica que refleja las relaciones de propiedad de un momento histórico determinado, por ello, porque es una institución social, la forma de distribución puede ser modificada, estableciéndose una nueva participación de las clases en el producto total.
Sobre el salario y la ley de oferta y demanda
“Los salarios solamente podrán crecer si se mitiga la ley de oferta y demanda en el mercado de trabajo, y la posición privilegiada del patrón en el contrato individual, mediante convenios colectivos y la actividad de asociaciones obreras, siempre que la agremiación fuera voluntaria” – Stuart Mill.
Sobre el destino del capitalismo
“Con el curso del tiempo, la organización del trabajo dependiente, con su sistema de salarios dará lugar a nuevas disposiciones sociales, tales como la participación obrera en los beneficios empresarios, la asociación de trabajadores y capitalistas, y especialmente al sistema cooperativo” – Stuart Mill.
CONCLUSIONES
De las citas seleccionadas de los maestros clásicos puede inferirse diferencias muy marcadas con sus supuestos sucesores neoliberales, pero su contraposición no dejaría de ser una mera ocurrencia teórica, más o menos sutil, si se limitara a cuestionar presuntas filiaciones ideológicas. Creemos por el contrario que iluminar dichas diferencias nos puede servir para juzgar efectos y formular hipótesis sobre el futuro del modelo de gestión neocapitalista.
Aparece evidente ya que los liberales clásicos no concebían a la economía como un saber tan hegemónico y totalizador, como lo es en el modelo neoliberal. En este sentido, Smith y Malthus al describir el paso de una economía agraria y medieval a un régimen capitalista mercantil y atomizado, consideraron a éste como un sistema superior por su mayor dinamismo productivo, pero fundamentalmente por ser más compatible con las transformaciones que ya se venían operando en profundidad en el sistema político, en este sentido la libertad económica no valía por sí, ni jugaba como un axioma independiente, sino que era una manifestación derivada e integrada al conjunto de libertades políticas que las Cartas de Derechos y la lucha de la burguesía ascendente, habían impuesto a la concepción arbitraria del Estado, característica del absolutismo monárquico.
En este orden de ideas, el concepto de ciudadano –que ya analizáramos- como soporte de la legitimidad política, remitía a la noción de pueblo, de soberanía popular, de sociedad civil frente a las prerrogativas teocráticas y nobiliarias de las minorías gobernantes. La libertad económica en este contexto debía coadyuvar a la atomización de la estructura autoritaria del poder, que solamente distribuido entre las distintas fuerzas sociales que formaban el Estado nacional, pudiera encontrar mecanismos institucionales que ampliaran la participación política y le sometieran a controles racionales y objetivos.
Esto demuestra que los clásicos no consideraban a la libertad y a la igualdad política o económica, como puros aprioris lógicos, sino como instituciones sociales concretas que debían construirse en consonancia con la constitución de un estado democrático, que sometido al imperio del derecho y combatiendo cualquier forma de monopolio económico o político, dejara de ser un instrumento de poder de las clases dominantes, para convertirse, por vía del mandato, en instrumento de la voluntad general y resguardo de las libertades públicas.
No otra justificación parecen tener, la creación de instituciones políticas como la representación parlamentaria, la publicidad de los actos de gobierno, el control ciudadano de la gestión pública, la división de poderes, la creación de una jurisdicción judicial independiente o la derogación de los fueros personales.
Adam Smith devela esta voluntad esencialmente política, cuando expone que los principios que constituyen “La Riqueza de las Naciones” han sido elaborados para colaborar, desde el espacio científico y práctico de la economía, e integrarse a una concepción mayor y más general, que es la contenida en los Ensayos sobre el Gobierno Civil de John Looke, del que era ferviente admirador. Aparece así en los clásicos, invertidas las relaciones funcionales que los neoliberales adjudican a la política y al derecho en relación con la economía, situando originariamente a esta última, subordinada al mandato político y a las relaciones sociales que de él derivan, y sometida al orden jurídico que no es otra cosa –para la concepción clásica- que un instrumento de objetivación y generalización de la voluntad política.
En este orden de ideas, la reflexión económica aparece como una disciplina específica que racionaliza relaciones materiales, sin pretender constituirse en una macro teoría social explicativa de todo el hombre; de allí que para los maestros clásicos, la categoría de agente económico, califique a una manifestación secundaria y sectorial del atributo general de la ciudadanía, o que la noción de mercado o de espacio económico, sólo pueda ser entendida como realizándose al interior de la noción de soberanía política o de estado soberano.
Esta adscripción de los supuestos económicos, a las categorías fundantes de lo político, explicaría en cierto modo, la relativa historicidad y empirismo que subyace en los desarrollos teóricos clásicos, con excepción quizás de las formas de exposición intelectual de Ricardo, que por otra parte encuentran su canal de expresión más acabado, en la participación política concreta de Ricardo como miembro del Parlamento Británico, donde sus abstracciones se transforman en armas de los concretos intereses empresariales en lucha por la preeminencia política, con los terratenientes.
Todos los demás clásicos, rehuyen en sus reflexiones la construcción de tipos ideales o de modelos universales, que atendiendo sólo a sus consistencias lógicas, alejen a la teoría de los problemas específicos que planteaba el desarrollo capitalista británico, verdadero ariete de su expansión imperial y de sus intereses geopolíticos. De ahí que relativizan al supuesto de racionalidad económica, a la presunta vocación competitiva de los empresarios, a la regla de equilibrio de los mercados, o a las virtudes de la competencia para asegurar distribuciones objetivas de la renta o un crecimiento autosostenido de la economía.
Este mayor respeto por los hechos, por los comportamientos reales y no supuestos, no sólo se traducen en un encuadre más razonable de la economía como provincia autónoma de saber social, o sobre los límites de sus competencias científicas, sino también en una interpretación más realista de los comportamientos de los agentes económicos, cuando de simplificarlos se trata, para incorporarlos como elementos de un sistema teórico.
Este realismo también hace que los clásicos jerarquicen la función del trabajo como fundamento de todo valor y como requisito esencial de la riqueza social, poniendo al mismo tiempo en duda las funciones benéficas de los empresarios, que esencialmente corporativos y mediante acuerdos de precios bloquean la libre competencia.
Esta opinión social y moralmente negativa que tienen de los titulares del capital, influye en los clásicos para realizar un análisis más riguroso y empírico de la supuesta igualdad de contratación en el mercado de trabajo y sobre el equilibrio automático de los mercados, llegando a la conclusión que los asalariados siempre pactan en inferioridad de condiciones, porque mientras sólo conocen el monto de su futuro salario, el empresario que lo contrata conoce además de aquel dato la productividad media del trabajo, este déficit de información genera una desigualdad a priori que el trabajador se encuentra imposibilitado de compensar, insinuándose en este análisis una teoría de la explotación. En relación al equilibrio general, Malthus pone en duda el supuesto de que la oferta cree su propia demanda, planteando así que el sistema competitivo puede enfrentarse a una situación de subconsumo, que conduzca a un nuevo nivel de equilibrio con sub utilización de recursos productivos, poniendo en cuestión que el equilibrio coincida con el óptimo productivo, o que la transferencia de factores sea tan dinámica como lo supone la moderna teoría de precios.
Conclusiones que los llevan a propugnar la intervención del Estado para regular las tendencias de los grupos empresarios al monopolio y para inducir por medio del control estatal de la educación y la asistencia de los pobres, la concreción de una mayor igualdad real de oportunidades, que como les resultaba obvio, el mercado no podía proporcionar por sí mismo.
Esta convicción sobre una desigualdad efectiva entre los agentes del mercado, donde el trabajo asalariado aparece como víctima a pesar de su preponderancia en la producción de riqueza, impulsa a los clásicos a elaborar una teoría de la distribución diferenciada de la producción, y a Stuart Mill específicamente a distinguir criterios de funcionamiento de una y otra, de manera tal de someter a la distribución a criterios sociales que puedan evolucionar según sean sus determinaciones históricas; posibilidad que el neocapitalismo niega al unificar ambas fases apelando a la teoría de los precios.-
Por último, las dudas acerca de las virtudes igualitarias del mercado, inducen a Stuart Mill a negar la presunta racionalidad universal y necesaria de las leyes del sistema capitalista, y a cuestionar a su fundamento central, la propiedad privada, previendo la superación del modelo capitalista por un sistema cooperativo, que como forma histórica modifique radicalmente los modos de producción y distribución de la riqueza social.
Esta concepción menos dogmática de la lógica material del capitalismo parece fundamentarse en la mayor amplitud sociológica y política del pensamiento clásico, que les permite, en su larga vitalidad histórica, transferir al seno de la sociedad civil la discusión y resolución de los conflictos generados por una administración básicamente clasista del poder económico. En la visión política-clásica, la estructura de partidos y sus formas de representación, terminaban arbitrando concesiones o modos de participación social que amortiguaban sus contradicciones materiales y legitimaban al sistema mismo, al hacerlo aparecer como ámbito de contención de los malestares sociales.
Esta evidente sensibilidad sociológica, transformaba por otra parte, a la oposición política, en un instrumento funcional del sistema, porque su sola existencia justificaba los argumentos participacionistas de la ideología ascendente, que así podía recuperar la iniciativa, promover objetivos sociales cohesivos y aislar a los grupos más recalcitrantes.
Esta estrategia de amortiguación y de consenso, le permitió al capitalismo originario promover una sociedad más segmentada que debilitaba a los grupos de mayor exclusión, a favor de una burguesía de pequeños propietarios y asalariados que alentada por la permeabilidad social, terminaba identificándose con los intereses dominantes. Tales mecanismos de alianza de clase, si bien alienaban la verdadera naturaleza estratificada y jerárquica de la organización social, permitía cursos de acción común entre los grupos, en pos de ideales globales como la autonomía nacional o la identidad cultural, ideas fuerza que en definitiva creaban grados de solidaridad y de identificación grupal, mitigando las frustraciones y penurias humanas al colectivizarlas.
La dimensión política del liberalismo originario, coetánea a la formación del estado nación, y más coherente con las formas democráticas, constituía en la esencia de su teoría política, una utopía, un proyecto liberador de la historia humana, y prácticas que en su momento modificaron radicalmente las formas de relación colectiva y del hombre con la naturaleza. Porque tenían en claro que la función histórica de lo político, que la esencia de su dinámica, es crear en los hombres la convicción operativa, de que la voluntad social debe convertirse en destino.
Muy por el contrario, el neoliberalismo, con su visión mercantil y adquisitiva del hombre y de la vida, además de resultarle funcional a cuanto régimen autoritario apela a sus servicios ideológicos, se divorcia de la política y con ello se priva de proyecto colectivo, anarquiza lo social y sacrifica la idea de destino común por la de suerte o conveniencias individuales.
Su dimensión hegemónica de la eficiencia económica, aumenta desmesuradamente el problema de la soledad humana, transfiriendo la idea de fracaso y la responsabilidad por sus efectos a la esfera estrictamente individual, parafraseando a Albert Camus podríamos decir que en el neocapitalismo “se sufre solo, se muere solo, el sufrimiento y la muerte jamás se comparten”.
Esa incapacidad de contención y comprensión de las frustraciones humanas, resultado de la naturaleza excluyente de su lógica económica ha provocado ya algunos efectos negativos para el propio sistema:
a) La imposibilidad lógica, de que el neoliberalismo proponga a la sociedad civil un proyecto colectivo, debilita el sentido de pertenencia y de reconocimiento del otro, generando un estado de anomia social que afecta profundamente las confianzas y entusiasmos básicos que el mercado libre requiere para alentar la iniciativa de sus agentes, fuente de su dinámica.
b) Alienta en el cuerpo social un descrédito general de sus propias instituciones políticas, de la participación ciudadana y de la legitimidad moral y profesional de su clase dirigente, que cada vez más, de cara a la gente, aparece como mera transmisora de discursos legitimadores de intereses contrarios al bienestar general.
c) Anulada su función política, el neoliberalismo se autodevela como una tecnología de poder, esencialmente material, concentradora de riqueza y servidora de minorías, lo que no sólo le incapacita como intermediario objetivo en las contiendas sociales, sino que también –y en último grado- le transforma en un mero archivero de sus contradicciones, convertidas en estadísticas, sin reparar que los índices matemáticos de lo social pueden en un momento dado –por obra y gracia de una nueva utopía política –transformarse en conciencia, y la conciencia en revolución.
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BIBLIOGRAFÍA
Mill, John Stuart – Principios de Economía Política – Edit. Fondo de Cultura Económica – 1978.
Mises, Ludwig Von – La Acción Humana – Edit. Unión S.A. – 1980.
Montes, Pedro – El Desorden Neoliberal – Edit. Trotta – 1996.
Ricardo, David – Principios de Economía Política – Edit. Sarpe – 1985.
Smith, Adam – Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones – Edit. Fondo de Cultura Económica – 1987.
Spiegel, Henry William – El Desarrollo del Pensamiento Económico – Edit. Omega - 1991
De las citas seleccionadas de los maestros clásicos puede inferirse diferencias muy marcadas con sus supuestos sucesores neoliberales, pero su contraposición no dejaría de ser una mera ocurrencia teórica, más o menos sutil, si se limitara a cuestionar presuntas filiaciones ideológicas. Creemos por el contrario que iluminar dichas diferencias nos puede servir para juzgar efectos y formular hipótesis sobre el futuro del modelo de gestión neocapitalista.
Aparece evidente ya que los liberales clásicos no concebían a la economía como un saber tan hegemónico y totalizador, como lo es en el modelo neoliberal. En este sentido, Smith y Malthus al describir el paso de una economía agraria y medieval a un régimen capitalista mercantil y atomizado, consideraron a éste como un sistema superior por su mayor dinamismo productivo, pero fundamentalmente por ser más compatible con las transformaciones que ya se venían operando en profundidad en el sistema político, en este sentido la libertad económica no valía por sí, ni jugaba como un axioma independiente, sino que era una manifestación derivada e integrada al conjunto de libertades políticas que las Cartas de Derechos y la lucha de la burguesía ascendente, habían impuesto a la concepción arbitraria del Estado, característica del absolutismo monárquico.
En este orden de ideas, el concepto de ciudadano –que ya analizáramos- como soporte de la legitimidad política, remitía a la noción de pueblo, de soberanía popular, de sociedad civil frente a las prerrogativas teocráticas y nobiliarias de las minorías gobernantes. La libertad económica en este contexto debía coadyuvar a la atomización de la estructura autoritaria del poder, que solamente distribuido entre las distintas fuerzas sociales que formaban el Estado nacional, pudiera encontrar mecanismos institucionales que ampliaran la participación política y le sometieran a controles racionales y objetivos.
Esto demuestra que los clásicos no consideraban a la libertad y a la igualdad política o económica, como puros aprioris lógicos, sino como instituciones sociales concretas que debían construirse en consonancia con la constitución de un estado democrático, que sometido al imperio del derecho y combatiendo cualquier forma de monopolio económico o político, dejara de ser un instrumento de poder de las clases dominantes, para convertirse, por vía del mandato, en instrumento de la voluntad general y resguardo de las libertades públicas.
No otra justificación parecen tener, la creación de instituciones políticas como la representación parlamentaria, la publicidad de los actos de gobierno, el control ciudadano de la gestión pública, la división de poderes, la creación de una jurisdicción judicial independiente o la derogación de los fueros personales.
Adam Smith devela esta voluntad esencialmente política, cuando expone que los principios que constituyen “La Riqueza de las Naciones” han sido elaborados para colaborar, desde el espacio científico y práctico de la economía, e integrarse a una concepción mayor y más general, que es la contenida en los Ensayos sobre el Gobierno Civil de John Looke, del que era ferviente admirador. Aparece así en los clásicos, invertidas las relaciones funcionales que los neoliberales adjudican a la política y al derecho en relación con la economía, situando originariamente a esta última, subordinada al mandato político y a las relaciones sociales que de él derivan, y sometida al orden jurídico que no es otra cosa –para la concepción clásica- que un instrumento de objetivación y generalización de la voluntad política.
En este orden de ideas, la reflexión económica aparece como una disciplina específica que racionaliza relaciones materiales, sin pretender constituirse en una macro teoría social explicativa de todo el hombre; de allí que para los maestros clásicos, la categoría de agente económico, califique a una manifestación secundaria y sectorial del atributo general de la ciudadanía, o que la noción de mercado o de espacio económico, sólo pueda ser entendida como realizándose al interior de la noción de soberanía política o de estado soberano.
Esta adscripción de los supuestos económicos, a las categorías fundantes de lo político, explicaría en cierto modo, la relativa historicidad y empirismo que subyace en los desarrollos teóricos clásicos, con excepción quizás de las formas de exposición intelectual de Ricardo, que por otra parte encuentran su canal de expresión más acabado, en la participación política concreta de Ricardo como miembro del Parlamento Británico, donde sus abstracciones se transforman en armas de los concretos intereses empresariales en lucha por la preeminencia política, con los terratenientes.
Todos los demás clásicos, rehuyen en sus reflexiones la construcción de tipos ideales o de modelos universales, que atendiendo sólo a sus consistencias lógicas, alejen a la teoría de los problemas específicos que planteaba el desarrollo capitalista británico, verdadero ariete de su expansión imperial y de sus intereses geopolíticos. De ahí que relativizan al supuesto de racionalidad económica, a la presunta vocación competitiva de los empresarios, a la regla de equilibrio de los mercados, o a las virtudes de la competencia para asegurar distribuciones objetivas de la renta o un crecimiento autosostenido de la economía.
Este mayor respeto por los hechos, por los comportamientos reales y no supuestos, no sólo se traducen en un encuadre más razonable de la economía como provincia autónoma de saber social, o sobre los límites de sus competencias científicas, sino también en una interpretación más realista de los comportamientos de los agentes económicos, cuando de simplificarlos se trata, para incorporarlos como elementos de un sistema teórico.
Este realismo también hace que los clásicos jerarquicen la función del trabajo como fundamento de todo valor y como requisito esencial de la riqueza social, poniendo al mismo tiempo en duda las funciones benéficas de los empresarios, que esencialmente corporativos y mediante acuerdos de precios bloquean la libre competencia.
Esta opinión social y moralmente negativa que tienen de los titulares del capital, influye en los clásicos para realizar un análisis más riguroso y empírico de la supuesta igualdad de contratación en el mercado de trabajo y sobre el equilibrio automático de los mercados, llegando a la conclusión que los asalariados siempre pactan en inferioridad de condiciones, porque mientras sólo conocen el monto de su futuro salario, el empresario que lo contrata conoce además de aquel dato la productividad media del trabajo, este déficit de información genera una desigualdad a priori que el trabajador se encuentra imposibilitado de compensar, insinuándose en este análisis una teoría de la explotación. En relación al equilibrio general, Malthus pone en duda el supuesto de que la oferta cree su propia demanda, planteando así que el sistema competitivo puede enfrentarse a una situación de subconsumo, que conduzca a un nuevo nivel de equilibrio con sub utilización de recursos productivos, poniendo en cuestión que el equilibrio coincida con el óptimo productivo, o que la transferencia de factores sea tan dinámica como lo supone la moderna teoría de precios.
Conclusiones que los llevan a propugnar la intervención del Estado para regular las tendencias de los grupos empresarios al monopolio y para inducir por medio del control estatal de la educación y la asistencia de los pobres, la concreción de una mayor igualdad real de oportunidades, que como les resultaba obvio, el mercado no podía proporcionar por sí mismo.
Esta convicción sobre una desigualdad efectiva entre los agentes del mercado, donde el trabajo asalariado aparece como víctima a pesar de su preponderancia en la producción de riqueza, impulsa a los clásicos a elaborar una teoría de la distribución diferenciada de la producción, y a Stuart Mill específicamente a distinguir criterios de funcionamiento de una y otra, de manera tal de someter a la distribución a criterios sociales que puedan evolucionar según sean sus determinaciones históricas; posibilidad que el neocapitalismo niega al unificar ambas fases apelando a la teoría de los precios.-
Por último, las dudas acerca de las virtudes igualitarias del mercado, inducen a Stuart Mill a negar la presunta racionalidad universal y necesaria de las leyes del sistema capitalista, y a cuestionar a su fundamento central, la propiedad privada, previendo la superación del modelo capitalista por un sistema cooperativo, que como forma histórica modifique radicalmente los modos de producción y distribución de la riqueza social.
Esta concepción menos dogmática de la lógica material del capitalismo parece fundamentarse en la mayor amplitud sociológica y política del pensamiento clásico, que les permite, en su larga vitalidad histórica, transferir al seno de la sociedad civil la discusión y resolución de los conflictos generados por una administración básicamente clasista del poder económico. En la visión política-clásica, la estructura de partidos y sus formas de representación, terminaban arbitrando concesiones o modos de participación social que amortiguaban sus contradicciones materiales y legitimaban al sistema mismo, al hacerlo aparecer como ámbito de contención de los malestares sociales.
Esta evidente sensibilidad sociológica, transformaba por otra parte, a la oposición política, en un instrumento funcional del sistema, porque su sola existencia justificaba los argumentos participacionistas de la ideología ascendente, que así podía recuperar la iniciativa, promover objetivos sociales cohesivos y aislar a los grupos más recalcitrantes.
Esta estrategia de amortiguación y de consenso, le permitió al capitalismo originario promover una sociedad más segmentada que debilitaba a los grupos de mayor exclusión, a favor de una burguesía de pequeños propietarios y asalariados que alentada por la permeabilidad social, terminaba identificándose con los intereses dominantes. Tales mecanismos de alianza de clase, si bien alienaban la verdadera naturaleza estratificada y jerárquica de la organización social, permitía cursos de acción común entre los grupos, en pos de ideales globales como la autonomía nacional o la identidad cultural, ideas fuerza que en definitiva creaban grados de solidaridad y de identificación grupal, mitigando las frustraciones y penurias humanas al colectivizarlas.
La dimensión política del liberalismo originario, coetánea a la formación del estado nación, y más coherente con las formas democráticas, constituía en la esencia de su teoría política, una utopía, un proyecto liberador de la historia humana, y prácticas que en su momento modificaron radicalmente las formas de relación colectiva y del hombre con la naturaleza. Porque tenían en claro que la función histórica de lo político, que la esencia de su dinámica, es crear en los hombres la convicción operativa, de que la voluntad social debe convertirse en destino.
Muy por el contrario, el neoliberalismo, con su visión mercantil y adquisitiva del hombre y de la vida, además de resultarle funcional a cuanto régimen autoritario apela a sus servicios ideológicos, se divorcia de la política y con ello se priva de proyecto colectivo, anarquiza lo social y sacrifica la idea de destino común por la de suerte o conveniencias individuales.
Su dimensión hegemónica de la eficiencia económica, aumenta desmesuradamente el problema de la soledad humana, transfiriendo la idea de fracaso y la responsabilidad por sus efectos a la esfera estrictamente individual, parafraseando a Albert Camus podríamos decir que en el neocapitalismo “se sufre solo, se muere solo, el sufrimiento y la muerte jamás se comparten”.
Esa incapacidad de contención y comprensión de las frustraciones humanas, resultado de la naturaleza excluyente de su lógica económica ha provocado ya algunos efectos negativos para el propio sistema:
a) La imposibilidad lógica, de que el neoliberalismo proponga a la sociedad civil un proyecto colectivo, debilita el sentido de pertenencia y de reconocimiento del otro, generando un estado de anomia social que afecta profundamente las confianzas y entusiasmos básicos que el mercado libre requiere para alentar la iniciativa de sus agentes, fuente de su dinámica.
b) Alienta en el cuerpo social un descrédito general de sus propias instituciones políticas, de la participación ciudadana y de la legitimidad moral y profesional de su clase dirigente, que cada vez más, de cara a la gente, aparece como mera transmisora de discursos legitimadores de intereses contrarios al bienestar general.
c) Anulada su función política, el neoliberalismo se autodevela como una tecnología de poder, esencialmente material, concentradora de riqueza y servidora de minorías, lo que no sólo le incapacita como intermediario objetivo en las contiendas sociales, sino que también –y en último grado- le transforma en un mero archivero de sus contradicciones, convertidas en estadísticas, sin reparar que los índices matemáticos de lo social pueden en un momento dado –por obra y gracia de una nueva utopía política –transformarse en conciencia, y la conciencia en revolución.
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BIBLIOGRAFÍA
Mill, John Stuart – Principios de Economía Política – Edit. Fondo de Cultura Económica – 1978.
Mises, Ludwig Von – La Acción Humana – Edit. Unión S.A. – 1980.
Montes, Pedro – El Desorden Neoliberal – Edit. Trotta – 1996.
Ricardo, David – Principios de Economía Política – Edit. Sarpe – 1985.
Smith, Adam – Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones – Edit. Fondo de Cultura Económica – 1987.
Spiegel, Henry William – El Desarrollo del Pensamiento Económico – Edit. Omega - 1991
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