NEOLIBERALISMO Y SALUD EN COLOMBIA

INTRODUCCIÓN
El neoliberalismo económico, manifiesto en los eventos de la vida nacional en los últimos años, representa una de las ideologías más peligrosas que han conocido los países del tercer mundo, debido a las profundas repercusiones sociales que las medidas de gobiernos que, como el del presidente César Gaviria, tomaron en favor del capital internacional y en desmedro de la calidad de vida de los pobres colombianos.
El neoliberalismo económico constituye un retroceso social de capital importancia. Es, en esencia, volver a los principios liberales del siglo XVIII. Principios que pueden resumirse en el pensamiento de uno de sus ideólogos, quien decía: "¿...no son acaso las necesidades del pobre, las cuáles es prudente aliviar pero insensato curar, esenciales para el bienestar del Estado?..."
Los economistas neoliberales pregonan el resurgimiento del poder del mercado, con la eliminación o reducción del papel del Estado en el plano económico y social, con sus consecuencias de re-evaluación del concepto de soberanía para cambiarlo por el de globalización y la evidente prevalencia de lo privado sobre lo público.
Filosóficamente plantean, como el ideólogo del siglo XVIII, el papel positivo de la desigualdad, intentando a toda costa bloquear la función redistributiva planteando un subjetivismo basado en la razón como criterio de verdad.
En macroeconomía son los abanderados de un aumento del crecimiento económico (Ellos equiparan crecimiento con desarrollo), un aumento de las exportaciones, preferiblemente de materia prima poco elaborada y que requiere de mano de obra barata, un absoluto control de la inflación y una reducción del ingreso real de la población. Para ello preconizan una reducción del déficit fiscal mediante el recorte del gasto público y la eliminación de subsidios, esencialmente para aumentar la posibilidad del pago de la deuda externa.
La fuentes modernas del neoliberalismo se encuentran en la escuela monetarista de Milton Friedman, quien expresa que la desigualdad es positiva en tanto contrarresta la centralización del poder político y, al mismo tiempo, incentiva al individuo en originalidad y producción. Y en su contraparte europea, la denominada "escuela austríaca", representada por Friedrich Hayek y Ludwig von Mises, quienes afirman que el capitalismo eleva el nivel de vida de todos, incluyendo los más pobres, pues el aumento en la riqueza aumenta el altruismo individual.
Se encuentran afirmaciones como la del "libertario" Robert Nozick, quien sin ruborizarse plantea que "Nadie puede exigir un derecho al ingreso por el simple hecho de necesitarlo para sobrevivir, pues al hacerlo, se coarta la libertad de alguien más". E incluso los extremos de otros libertarios extremistas, como Murray Rothbard y David Friedman, para quienes los pobres tienen la culpa de su propio destino.
Detrás del planteamiento neoliberal se encuentra, en esencia, el clamor de la Banca Internacional por cobrar su deuda a los países del Tercer Mundo. El Consenso de Washington, en 1993, planteó de manera muy específica una serie de pasos para conseguir estos propósitos:
– Luchar por el apoyo político para la reforma neoliberal, aún a sabiendas del efecto desastroso sobre la población.
– Garantizar estabilidad macroeconómica del país que produzca un excedente fiscal.
– Favorecer la privatización.
– Facilitar inversión y crecimiento económico.
La desigualdad es positiva en tanto contrarresta la centralización del poder político y, al mismo tiempo, incentiva al individuo en originalidad y producción
Las fuentes internacionales del neoliberalismo traducen la competencia entre las grandes potencias económicas para un manejo más intimo de la deuda externa. La misma CEPAL, tradicionalmente mediadora en favor de estos países, se ha autodenominado "Estructuralista", para encubrir su simpatía con las nuevas ideas y ya no critica las diferencias del comercio internacional, como en años previos, sino que recomienda que el Estado ayude a corregir las imperfecciones del mercado.
¿Quiénes pertenecen a la élite neoliberal? Básicamente los simpatizantes del gran capital internacional, la mayor parte del sector financiero y la clase política emergente de tipo "tecnocrático", quienes se presentan como los modernos profetas en el Estado y la política. Son los emisarios de quienes detentan el capital e intentan frenar, por encima de todo al legislativo, desprestigiándolo aún más, para dejar las grandes decisiones en manos del ejecutivo.
LA PRIVATIZACION DEL ESTADO
Desde la Constitución de 1886 se planteó el bien común y la protección de los débiles por parte del Estado. La Constitución de 1991 es clara al definir nuestro país como un ESTADO SOCIAL DE DERECHO y no simplemente como Estado de Derecho, pues la actual se fundamenta en la dignidad humana. Se persiguió con la nueva Constitución que la persona humana estuviera más en contacto con el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, lo social persigue un mínimo de convivencia ciudadana.
Existen, además, conceptos tan importantes como el de solidaridad, es decir el concurso de toda la sociedad en el propósito de buscar bienestar colectivo, favoreciendo a los débiles. Es una deuda social basada en un ideal que construimos todos y que consiste en apoyar a los más necesitados. Es colaboración ciudadana y humana.
El Artículo segundo de la Constitución expresa que son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están constituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. A lo anterior se suma el concepto de las funciones económicas del sector público, que incluyen la procura de la eficiencia económica, la redistribución de la renta, la estabilización de la economía y el establecimiento de sus políticas específicas.
Los profetas de la privatización plantean el retiro del Estado de la arena económica del mercado, dejándolo esencialmente como un regulador entre particulares. Pretenden entonces que el ente social coloque en venta los bienes escriturados a la nación para poderlos explotar en el escenario de la economía de mercado, con el objeto de volverlos eficientes y eficaces para, en esa forma, obtener ganancias que reviertan hacia quienes se han tomado la molestia de volverlos rentables.
Quienes apoyan la privatización hablan de ella como la única vía al crecimiento económico, al mejoramiento de la eficiencia empresarial, la creación de nuevos empleos, la promoción de la competencia, el desarrollo de mercados de capitales, la liberalización de los recursos estatales y la reducción de la presión fiscal.
Pero el problema no es simplemente la ineficiencia del Estado. Lo que subyace en el fondo es la impresionante corrupción gubernamental a través de enormes aparatos burocráticos, desfalcos de cantidades inimaginables, tráfico de influencias, desvío de fondos hacia manos privadas y otros fenómenos que simplemente llevan a un camino común: El desprestigio del aparato estatal por efecto de sus mismos agentes.
Sin embargo, un aspecto que no ha sido suficientemente analizado, es el origen de los entes que ocasionan la corrupción del Estado y sus agentes. Y es innegable que la principal fuente de corrupción estatal se encuentra en la misma empresa privada, ávida de los recursos oficiales y para quien "fuera del erario público no hay salvación".
Efectivamente, el interés público que debería constituir la razón de ser del trabajo estatal, se ve influenciado por las presiones de empresas productoras que consideran al Estado como su mejor y más adinerado cliente. Y a través de sobornos, influencias, recomendaciones y toda clase de manipulaciones, se apoderan de jugosos contratos y se benefician del enorme desvío de recursos que acompaña a la ya tradicional "comisión de servicios".
Las principales banderas de quienes predican la privatización del Estado incluyen la mejoría en la eficiencia de los servicios prestados, la reducción de las necesidades de financiamiento del Estado, la promoción de la inversión extranjera, el fortalecimiento en la balanza de pagos, entre otros
Esto lleva a una nueva consideración: El Estado ya se encuentra privatizado, debido a varios aspectos, entre otros la corrupción de los funcionarios que benefician a las empresas privadas, el clientelismo burocrático, la egocéntrica avidez de algunos sindicatos y el respaldo estatal a empresas esencialmente privadas.
PRIVATIZACION Y DEPENDENCIA INTERNACIONAL
Entre 1945 y 1980, los estados fueron conscientes de la necesidad de fortalecer su aparato financiero, invirtiendo en bienes de capital y conformando empresas que aumentaran los activos oficiales, para darle al aparato gubernamental herramientas suficientes para intervenir la economía, no solamente mediante herramientas legales y políticas, sino a través de la misma acción estatal en el mercado de bienes y servicios.
Desafortunadamente, el impresionante poder que las naciones obtuvieron a través de su entrada en el negocio, se vio empañado por la aparición de varios fenómenos: El aumento en la corrupción de sus funcionarios y la progresiva iliquidez, que las llevaron a planes de endeudamiento con organismos internacionales.
El ingreso del dinero a las arcas gubernamentales (como era de esperarse), aumentó la cantidad y la calidad de los delitos de los funcionarios oficiales (incluidos los del alto gobierno), que se apoderaron de los recursos del Estado y lo endeudaron aún más en el curso de los siguientes años.
Los ingresos adicionales, en el mejor de los casos, se vieron afectados por el desvío de los recursos hacia áreas diferentes, generalmente relacionadas con déficit de inversión social. Es decir, "rellenando huecos fiscales" originados en la inacabable disminución de recursos que fueron a parar a los bolsillos de trabajadores del ejecutivo (robo directo) y del legislativo (tráfico de influencias).
Y lo más dramático tenía efecto cuando, a pesar del conocimiento del dolo en el manejo de los recursos, se colocaba a los gobiernos contra la pared al intentar balancear el efecto social del cierre de una empresa, versus la inyección de nuevos recursos en instituciones que habían sido literalmente saqueadas por malhechores de cuello blanco.
El primer intento de subsanar la pérdida se centraba en dos ejercicios económicos: Aumentar el endeudamiento externo y elevar los impuestos. Es decir, elevar la dependencia internacional de la nación y obligar a los ciudadanos a pagar de sus propios bolsillos el enriquecimiento criminal de quienes habían estado frente a las empresas estatales.
El impacto sobre la inflación, el empleo y los precios determinó la pérdida de confianza en la capacidad del Estado para representar a los ciudadanos. Esto, sumado al fortalecimiento del sector privado, el lanzamiento de nuevas formas de administración y el adiestramiento de economistas jóvenes en ideología de la nueva derecha internacional, desvió la atención hacia el sector privado, más eficiente y teóricamente menos corrupto.
Otros que participan de las ganancias de privatizar son, sin lugar a dudas, los inversionistas extranjeros. De hecho, en 1996 ingresaron a Colombia un total de tres mil seiscientos catorce millones de dólares, los cuales se invirtieron principalmente en las industrias petrolera, manufacturera y financiera.
Esto, que a primera vista parece una ganancia para el país, esconde un hecho que no se ha conocido a fondo: Casi el cincuenta y tres por ciento de las privatizaciones tercermundistas son absorbidas por el capital extranjero, de acuerdo con informaciones de la Cepal.
Las principales banderas de quienes predican la privatización del Estado incluyen la mejoría en la eficiencia de los servicios prestados, la reducción de las necesidades de financiamiento del Estado, la promoción de la inversión extranjera, el fortalecimiento en la balanza de pagos, el desmantelamiento del control de precios, la reducción de la corrupción y el mejoramiento de la competencia.
Pero los resultados han sido muy diferentes: El costo de los servicios públicos se ha incrementado casi en un ciento por ciento, convirtiéndose en fuente de uso de una élite económica privilegiada que puede pagarlos (En países del cono sur, las simples tarifas telefónicas han aumentado su costo en por lo menos 70%); la concentración de riqueza se ha concentrado en manos de unos pocos (En México, los millonarios aumentaron en por lo menos diez veces entre 1988 y 1994); la pauperización de grandes masas de población ha alcanzado niveles insostenibles para cualquier gobierno (Sesenta por ciento de los latinoamericanos en la miseria absoluta).
Los teóricos neoliberales hablan de ventas estatales que tienen que llegar a los veinticinco mil millones de dólares y consideran que solamente se ha logrado un cincuenta por ciento de la meta. Y el objetivo prioritario se ha fijado en las industrias eléctrica, de energías alternativas y de telecomunicaciones.